La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 abrió un nuevo frente de confrontación política entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y la oposición. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó una reasignación de 618 millones de pesos que reduce nuevamente los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumenta el financiamiento de un programa federal de educación inicial.
La modificación fue impulsada por el diputado petista Jorge Armando Ortiz Rodríguez, conocido como Fugio, mediante una reserva respaldada por la mayoría de la coalición gobernante.
El movimiento elevó los recursos del programa de expansión de la educación inicial de 866.4 millones a mil 484.5 millones de pesos para 2027. Sin embargo, la reasignación provocó cuestionamientos de legisladores opositores, quienes sostuvieron que el incremento beneficiará a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) operados por el PT.
La controversia tiene un componente político adicional: los Cendis están vinculados históricamente con la estructura del PT, encabezado por Alberto Anaya y su esposa, Guadalupe Rodríguez.
Recorte al INE y cuestionamientos por el financiamiento de los Cendis
La reserva presentada por el PT planteó retirar 618 millones 17 mil 896 pesos al presupuesto del INE para trasladarlos al programa de expansión de la educación inicial, bajo la administración de la Secretaría de Educación Pública.
Con esta modificación, el programa contará con más de mil 484 millones de pesos durante el próximo ejercicio fiscal.
Aunque presupuestariamente los recursos se asignan al programa federal y no directamente a los Cendis, diputados del PAN señalaron que el incremento terminará favoreciendo a los centros educativos vinculados con el partido petista.
Durante la discusión, el panista Héctor Saúl Téllez acusó al PT de utilizar estos recursos con fines políticos y recordó que en 2021 el INE impuso al partido una multa de 120 millones de pesos por el presunto uso electoral de recursos destinados a los centros educativos.
El legislador también cuestionó la falta de información pública sobre el número de planteles y la matrícula de los Cendis.
Las críticas se extendieron al liderazgo del PT y a la relación política entre el financiamiento de estos centros y la permanencia de la alianza legislativa con Morena.
No obstante, las acusaciones de enriquecimiento y utilización electoral de los recursos corresponden a señalamientos de legisladores opositores y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial.
Por otra parte, el INE enfrenta una reducción presupuestal más amplia. Después de los ajustes incorporados al dictamen y la nueva reasignación, la discusión legislativa contempla una disminución importante de los recursos solicitados por el organismo para 2027.
La reducción abre interrogantes sobre la capacidad operativa del árbitro electoral para cumplir sus responsabilidades, particularmente ante la organización de los procesos electorales del próximo año.
INE presenta denuncia ante la FGR por presuntas irregularidades durante la gestión de Taddei
Mientras la Cámara de Diputados discutía los recursos del organismo electoral, el INE confirmó que presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar posibles delitos relacionados con contrataciones y manejo de recursos públicos.
El anuncio se realizó la noche del viernes 6 de noviembre, después de varios días de revisión y modificaciones al documento jurídico.
La denuncia solicita que la Fiscalía investigue posibles conductas delictivas y determine las responsabilidades correspondientes, sin distinción de personas, cargos o periodos de gestión.
El expediente está relacionado con las presuntas irregularidades en contrataciones durante la administración de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y con proveedores como José Alfredo Hernández Casillas.
De acuerdo con información difundida sobre las investigaciones, entre 2014 y 2025 cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales.
El Órgano Interno de Control del INE también informó que presentó seis denuncias penales contra funcionarios, exfuncionarios y empresas por posibles delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
La presentación de estas denuncias no significa que las personas señaladas hayan sido declaradas culpables. Corresponderá a la FGR revisar las pruebas, realizar las investigaciones y determinar si existen elementos para ejercer acción penal.
Los dos asuntos colocan al INE en una coyuntura compleja: mientras enfrenta cuestionamientos por el manejo de sus contrataciones y la actuación de anteriores funcionarios, también debe prepararse para un nuevo ciclo electoral con un presupuesto sujeto a fuertes ajustes legislativos.
La discusión definitiva del PEF 2027 en el pleno de San Lázaro será determinante para conocer cuánto dinero recibirá finalmente el organismo y qué margen tendrá para cumplir sus obligaciones constitucionales.