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Trabajadores del Poder Judicial rechazan evaluación y realizan paro nacional; Hugo Aguilar llama al diálogo

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El nuevo sistema de evaluación del desempeño para trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) detonó una jornada de protestas y bloqueos en distintas ciudades del país. Miles de empleados suspendieron actividades el viernes 6 de noviembre para rechazar los criterios establecidos por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), ante el temor de que las calificaciones puedan comprometer su estabilidad laboral.

Las movilizaciones afectaron instalaciones judiciales y avenidas principales de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de otras entidades. Los inconformes cuestionan que las opiniones de jueces, magistrados y compañeros de trabajo tengan un peso importante en la calificación, junto con los resultados de los exámenes de conocimientos.

El conflicto involucra a aproximadamente 32 mil trabajadores, entre secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales. Aunque las autoridades sostienen que la primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, los sindicatos advierten que el modelo contempla consecuencias laborales en sus siguientes etapas.

La inconformidad también refleja la tensión que atraviesa el Poder Judicial después de la reforma que modificó su estructura y estableció nuevas condiciones para el funcionamiento de los tribunales federales.

¿Cómo funcionará la evaluación que provocó las protestas en el Poder Judicial?

Los lineamientos publicados por el Órgano de Administración Judicial establecen un mecanismo para medir el desempeño y los conocimientos del personal de carrera judicial.

Entre los criterios contemplados se encuentran un examen de conocimientos, que representa 40 por ciento de la calificación, así como indicadores de productividad, trabajo en equipo, ética y comportamiento profesional.

Otro de los aspectos más cuestionados es la evaluación del entorno laboral: la opinión de los titulares de los órganos jurisdiccionales y de los propios compañeros representa una parte importante de la calificación.

Los trabajadores consideran que este mecanismo podría abrir espacios para decisiones subjetivas, presiones internas o posibles represalias, particularmente porque algunos jueces y magistrados llegaron a sus cargos mediante el voto popular.

Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF, cuestionó que los jueces electos puedan participar en la evaluación de empleados que ya cuentan con años de experiencia y trayectoria dentro de la institución.

Los inconformes también rechazaron que una calificación insuficiente pueda convertirse posteriormente en un motivo para perder el empleo.

Sin embargo, hay una precisión importante: el OAJ aclaró que la primera aplicación, correspondiente a 2026, tendrá carácter exclusivamente diagnóstico. Esto significa que no habrá aprobación ni reprobación y que sus resultados no producirán consecuencias individuales sobre la permanencia laboral.

La evaluación está programada para diciembre y sus resultados servirán para identificar necesidades de capacitación. Las aplicaciones posteriores estarán sujetas a los efectos previstos en la normativa.

La diferencia entre el ejercicio diagnóstico inicial y las evaluaciones posteriores es uno de los puntos centrales del conflicto, pues los sindicatos consideran que el nuevo esquema debe revisarse antes de que pueda tener consecuencias sobre sus plazas.

Hugo Aguilar pide diálogo y advierte que la evaluación no debe ser punitiva

En medio de las movilizaciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo reuniones por separado con representantes de los dos principales sindicatos del Poder Judicial.

Los encuentros se realizaron con Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y Juan Alberto Prado Gómez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF.

Después de las reuniones, la Corte difundió un posicionamiento en el que Aguilar planteó que el proceso de evaluación debe servir para fortalecer las capacidades del personal y mejorar la eficiencia institucional, no para castigar a los trabajadores.

“La evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF”, señaló el ministro presidente.

También advirtió que la legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla, y ofreció generar espacios de escucha para buscar acuerdos con el Órgano de Administración Judicial.

La intervención de Aguilar tiene una particularidad institucional: desde la reorganización del Poder Judicial, la administración de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito corresponde al OAJ, por lo que el presidente de la Suprema Corte no tiene las mismas atribuciones administrativas que tenía anteriormente el titular del extinto Consejo de la Judicatura Federal.

Por su parte, los dirigentes sindicales manifestaron que no rechazan necesariamente la evaluación, pero exigen garantías de que no se utilizará para justificar despidos arbitrarios.

Las protestas también tuvieron consecuencias en la actividad judicial. Ante la suspensión de labores, se declararon inhábiles determinados días en las sedes afectadas para evitar que corrieran los plazos procesales.

El conflicto plantea un desafío para la nueva estructura judicial: establecer mecanismos de evaluación que permitan mejorar el servicio de impartición de justicia sin generar incertidumbre sobre los derechos laborales de quienes integran los tribunales.

El desarrollo del diálogo entre los sindicatos y el OAJ será determinante para conocer si el modelo se mantiene sin cambios o si las autoridades aceptan revisar sus criterios antes de las siguientes evaluaciones.

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