La investigación federal sobre presuntas irregularidades en contratos electorales abrió un nuevo frente político, pero también puso sobre la mesa una pregunta sobre la actuación de las autoridades: ¿por qué, si desde 2023 existían alertas financieras contra algunos de los empresarios involucrados, la Fiscalía General de la República (FGR) no procedió?
El caso involucra a los hermanos Raymundo Francisco y José Alfredo Hernández Casillas, cuyas empresas obtuvieron contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025, de acuerdo con la investigación presentada por el Gobierno federal.
Aunque las autoridades ahora sitúan parte de los antecedentes de estas presuntas irregularidades en décadas anteriores, existen registros de que las instituciones federales ya habían identificado movimientos financieros sospechosos relacionados con algunos de los involucrados.
La UIF bloqueó cuentas de empresarios y empresas en noviembre de 2023
El 17 de noviembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces encabezada por Pablo Gómez, emitió el acuerdo 401/2023 para incorporar a Raymundo Francisco y José Alfredo Hernández Casillas a la lista de personas bloqueadas para realizar operaciones en el sistema financiero.
La medida también alcanzó a las empresas Corporativo Zeg y Cajas Graf, vinculadas con los empresarios.
Este antecedente resulta relevante porque demuestra que las alertas sobre las operaciones de esa red empresarial no surgieron únicamente con las investigaciones presentadas recientemente por el Gobierno federal.
De acuerdo con la información difundida, la FGR ya tenía sospechas sobre posibles operaciones ilícitas de los hermanos Hernández Casillas desde la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en abril de 2023.
Sin embargo, pese a esos antecedentes y al bloqueo financiero ordenado por la UIF meses después, la Fiscalía encabezada entonces por Alejandro Gertz Manero no habría emprendido acciones contra los empresarios.
Sheinbaum vincula los antecedentes del caso con el nuevo partido Somos
En medio de las investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum relacionó el esquema de presunta corrupción en las contrataciones electorales con Somos, la nueva organización política encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo.
La mandataria señaló que Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo jefe de uno de los empresarios investigados, participa actualmente en esa organización junto con Lorenzo Córdova, expresidente del INE.
Según Sheinbaum, Padilla Aguilar fue quien incorporó al servicio público a los hermanos Hernández Casillas, cuyos negocios posteriormente obtuvieron contratos millonarios de distintas autoridades electorales.
La relación entre los empresarios y los organismos electorales también tiene antecedentes anteriores a la llegada de Taddei al INE.
Los hermanos Hernández Casillas eran proveedores de diversos institutos electorales desde años atrás. Además, Guadalupe Taddei había tenido relación contractual con sus empresas desde 2021, cuando presidía el Instituto Electoral de Sonora.
La secuencia de acontecimientos coloca el foco no solamente en el origen de los contratos y las personas que participaron en ellos, sino también en la capacidad de las instituciones para investigar y actuar frente a posibles irregularidades.
El antecedente del bloqueo financiero de 2023 abre interrogantes sobre por qué las alertas no derivaron, según la información disponible, en acciones penales contra los empresarios señalados.