El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia penal contra su expresidenta, Guadalupe Taddei, exfuncionarios y proveedores, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y manejo de recursos durante su gestión.

El proyecto contempla cinco posibles delitos: enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades.

El documento todavía se encuentra en revisión por parte de las diez consejerías del organismo, que realizan modificaciones antes de definir su versión definitiva. Por ahora, no se ha confirmado su presentación formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La propuesta fue elaborada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del INE, encabezada por Anahí Silva. De acuerdo con la información difundida, los consejeros también revisan aspectos del documento relacionados con la fundamentación de los señalamientos.

El organismo plantea que las posibles irregularidades no se limitarían a fallas administrativas, sino que habrían existido acciones deliberadas para favorecer a determinados particulares mediante contrataciones y asignaciones de recursos públicos.

Contratos electorales y cinco posibles delitos bajo investigación

Uno de los principales objetivos de la denuncia sería solicitar una revisión de las contrataciones realizadas desde 2023, entre ellas la licitación para producir la credencial para votar.

En ese procedimiento participaron CosmoColor, su filial Icard Solutions y la empresa gubernamental Talleres Gráficos de México.

El caso adquirió relevancia después de la difusión de grabaciones en las que el proveedor José Alfredo Hernández presuntamente conversa con Guadalupe Taddei sobre los montos que recibirían a partir de la asignación del contrato.

El INE busca que las autoridades valoren esos materiales y localicen las grabaciones originales para determinar su autenticidad y esclarecer si existió una operación deliberada para beneficiar a particulares.

Los cinco posibles delitos contemplados en el proyecto tienen distintos alcances:

• Uso ilícito de atribuciones y facultades: el artículo 217 del Código Penal Federal contempla conductas relacionadas con la realización ilícita de contrataciones, adquisiciones y servicios con recursos públicos.
• Ejercicio abusivo de funciones: se refiere al posible uso indebido del cargo público para generar beneficios económicos propios o para terceros.
• Tráfico de influencias: busca investigar posibles gestiones indebidas para favorecer negocios o intereses particulares mediante la intervención en asuntos públicos.
• Peculado: contempla la posible utilización o distracción de recursos públicos para beneficio propio o de otras personas.
• Enriquecimiento ilícito: permitiría investigar posibles incrementos patrimoniales injustificados y las cuentas de los funcionarios que pudieran haberse beneficiado.

El consejero Arturo Castillo ha señalado que algunos de estos delitos pueden ameritar prisión preventiva, aunque corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar las responsabilidades y, en su caso, las medidas aplicables.

La denuncia también podría alcanzar a otros exfuncionarios y proveedores que hubieran participado en las operaciones señaladas. Por ello, el alcance de las investigaciones no dependería exclusivamente de la actuación de quien encabezó el Instituto.

INE espera información sobre empresas con cuentas bloqueadas por la UIF

Otro asunto que preocupa al organismo electoral es conocer si alguna de las empresas cuyas cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene actualmente contratos o presta servicios al Instituto.

Arturo Castillo explicó que, hasta el momento, el INE no había recibido una notificación oficial sobre el congelamiento de cuentas de alguna compañía vinculada con los procesos que se encuentran en marcha.

El consejero advirtió que, si alguna de esas medidas financieras afecta el cumplimiento de contratos vigentes, el Instituto tendrá que tomar decisiones para evitar interrupciones en sus actividades.

En ese escenario, el organismo necesitaría recibir una notificación formal del proveedor o de las autoridades competentes para evaluar las consecuencias jurídicas y operativas.

Castillo también informó que se instruiría a la Secretaría Ejecutiva para elaborar un proyecto de medidas destinadas a proteger la continuidad de los procesos electorales.

El asunto tiene implicaciones que van más allá de las posibles responsabilidades individuales: el INE necesita garantizar que las investigaciones sobre sus contrataciones no comprometan la producción de credenciales, los servicios institucionales ni la organización de los próximos procesos electorales.

La revisión de los contratos, las relaciones con los proveedores y el origen de los recursos será determinante para establecer si existieron irregularidades y quiénes pudieron participar en ellas.