La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y contrataciones del Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), correspondientes al periodo de 2000 a 2025.
El organismo fiscalizador informó que mantiene tres líneas de trabajo para revisar las adquisiciones realizadas durante los últimos 25 años, identificar posibles prácticas ilegales y detectar concentraciones de contratos entre proveedores y empresas.
La investigación abarca administraciones electorales encabezadas por José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés, Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei, entre otros titulares de las instituciones electorales.
La revisión ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que las presuntas anomalías en las contrataciones electorales no son recientes.
ASF investigará contratos electorales de 2000 a 2025
En un comunicado, la Auditoría Superior de la Federación explicó que sus trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a las entidades federativas permitieron advertir posibles irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público.
La primera línea de trabajo contempla investigaciones de oficio sobre las contrataciones públicas de los OPLE, el INE y el extinto IFE.
La segunda consiste en un estudio histórico de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales por parte de empresas y servidores públicos.
Finalmente, la ASF realizará una auditoría integral al INE y revisará la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.
Uno de los aspectos jurídicos de la investigación es el plazo de prescripción de las responsabilidades administrativas. El artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las faltas graves y las faltas de particulares prescriben en siete años, contados a partir del día siguiente a aquel en que se cometieron o dejaron de cometerse.
Este plazo deberá considerarse al momento de determinar posibles responsabilidades por hechos ocurridos durante el periodo que revisará la Auditoría.
UIF bloquea cuentas de 25 personas y 15 empresas
Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, por operaciones financieras relacionadas con proveedores electorales que presentaron elementos de riesgo.
De acuerdo con información publicada por distintos medios, entre las personas señaladas se encontrarían la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el proveedor de material electoral José Alfredo Hernández Casillas.
Sin embargo, la UIF no ha hecho públicos oficialmente los nombres de las personas incluidas en la lista, debido a las restricciones legales sobre la información de estos procedimientos.
La dependencia señaló que las operaciones financieras identificadas ameritan la revisión de las autoridades competentes, en el marco de las investigaciones relacionadas con proveedores de instituciones electorales.
El bloqueo de cuentas constituye una medida preventiva y no representa, por sí mismo, una declaración de culpabilidad o responsabilidad penal de las personas involucradas.