El Gobierno de México presentó un anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que contempla multas para concesionarios de radio y televisión que incumplan con sus obligaciones, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum planteó analizar si esta regulación debe ampliarse a la prensa escrita y las plataformas digitales.

La propuesta fue presentada durante la conferencia matutina por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien explicó que el proyecto permanecerá en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto.

Proponen multas como última instancia para radio y televisión

Luisa María Alcalde explicó que las sanciones serían aplicadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) únicamente cuando un concesionario ignore las recomendaciones emitidas por su defensoría de audiencias y persista en vulnerar los derechos del público.

El procedimiento iniciaría con una queja presentada por una persona ante la defensoría del medio, la cual deberá investigar el caso y emitir una recomendación en un plazo máximo de 20 días.

Si el concesionario no atiende dicha recomendación, el caso podrá ser llevado ante la CRT, que tendría facultades para intervenir y, en casos extremos, imponer multas y otras sanciones.

Además, el proyecto obliga a estaciones de radio y televisión a contar con un Código de Ética, una persona defensora de las audiencias y mecanismos para distinguir claramente la información, la opinión y la publicidad.

Sheinbaum abre debate sobre prensa y plataformas digitales

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el anteproyecto no incluye a la prensa escrita ni a las plataformas digitales, debido a que las facultades de la Comisión se limitan actualmente a la radio y la televisión.

Sin embargo, consideró que la sociedad deberá discutir si la regulación debe extenderse a esos medios.

El proyecto también reconoce el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna, identificar los contenidos publicitarios y ejercer el derecho de réplica cuando exista información falsa o inexacta.

La consulta pública permanecerá abierta para que concesionarios, especialistas, organizaciones y ciudadanos presenten observaciones antes de que los lineamientos sean aprobados de manera definitiva.