El Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció la suspensión temporal de Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración, tras ser señalado por presuntas irregularidades en contrataciones y enriquecimiento inexplicable.
La medida responde a una solicitud de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (SABG), que investiga al funcionario por posibles desvíos de recursos públicos tanto en el IPN como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En un comunicado oficial, el IPN informó que la decisión se tomó en acatamiento a los oficios emitidos el 26 y 28 de noviembre por la SABG.
El director general del Politécnico, doctor Arturo Reyes Sandoval, instruyó al abogado general, Marx Xazalde Ortiz Correa, a ejecutar la suspensión inmediata de Tapia Santoyo a partir del 29 de noviembre, con el objetivo de evitar cualquier obstáculo en las investigaciones.
La investigación contra Tapia Santoyo se centra en contratos de servicios de limpieza otorgados por el IPN y en adquisiciones de insumos médicos durante su gestión como tesorero del ISSSTE.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Grupo REFORMA, el funcionario habría autorizado un contrato por 2 mil 500 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales Retimar, señalada de formar parte del llamado “cártel de la limpieza”, conocido por acumular contratos en diversas dependencias públicas.
El expediente también revela que entre 2019 y 2022, Tapia recibió depósitos en cuentas bancarias personales y de empresas vinculadas a él, como Human Mobile Systems y Labi Scientific. En ese periodo, presuntamente canalizó recursos públicos hacia compañías fantasma, entre ellas Interacción Biomédica, que habría recibido más de mil 613 millones de pesos por insumos médicos.
La SABG sostiene que Tapia Santoyo limitó la libre participación de proveedores en licitaciones del IPN, favoreciendo a una empresa específica. Además, se le acusa de no declarar ingresos financieros conforme a los mecanismos de rendición de cuentas previstos en la ley.
El IPN aseguró que colaborará plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos.
“El doctor Reyes Sandoval ordenó al personal de la Secretaría de Administración facilitar en todo momento la información requerida por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno; también se pronuncia porque se lleve a cabo una investigación apegada al marco jurídico que nos rige”, señaló la institución.
La casa de estudios enfatizó que su compromiso es con la transparencia y la rendición de cuentas.
“El IPN es garante de la honorabilidad y siempre protegerá el interés de la comunidad por encima de intereses ajenos a la institución”, agregó.
Como parte de las medidas cautelares, la SABG ordenó retirar a Tapia Santoyo el acceso a su correo institucional, sistemas internos y recursos públicos financieros, humanos y materiales. La dependencia argumentó que existía un riesgo real de que, de continuar en funciones, pudiera manipular o eliminar pruebas relevantes para la investigación.
La suspensión de Tapia Santoyo marca un nuevo capítulo en los esfuerzos del IPN por reforzar su imagen institucional y garantizar procesos administrativos transparentes. El caso también pone bajo la lupa la relación entre dependencias públicas y empresas proveedoras, un terreno históricamente vulnerable a prácticas de corrupción.
La investigación en curso determinará si las acusaciones derivan en sanciones administrativas o penales. Mientras tanto, el IPN busca enviar un mensaje claro: la institución no tolerará actos que comprometan su integridad ni la confianza de su comunidad académica.
Con información de Reforma