El Senado de México aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá crear una ley general para homologar el delito de feminicidio en todo el país, a partir de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma busca unificar criterios en la tipificación, investigación y sanción del feminicidio, así como fortalecer la coordinación entre autoridades y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Buscan unificar leyes ante disparidad entre estados
Actualmente, el feminicidio se investiga de manera distinta en cada estado, lo que ha generado inconsistencias en su clasificación y altos niveles de impunidad.
El dictamen plantea que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas bajo la hipótesis inicial de feminicidio, además de establecer penas de entre 40 y 70 años de prisión.
También se busca:
- Crear un tipo penal homogéneo en todo el país
- Establecer protocolos unificados de investigación
- Fortalecer la coordinación institucional
- Garantizar la reparación del daño
La reforma al artículo 73 constitucional dará al Congreso facultades para legislar en la materia a nivel nacional.
Contexto: violencia persistente contra mujeres
En México, alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día, pero menos de una cuarta parte de estos casos se investiga como feminicidio.
Entre 2018 y 2025 se registraron más de 26,600 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 6,781 fueron clasificados bajo esta figura, según datos oficiales.
Organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han señalado que esta diferencia evidencia fallas estructurales en la investigación.
Próximos pasos y reacción oficial
La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados y posteriormente deberá ser aprobada por los congresos estatales para su entrada en vigor.
La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, calificó la aprobación como un “paso histórico” para combatir la violencia de género.
Aunque el Gobierno reportó una disminución del 14.9 % en feminicidios durante el primer trimestre de 2026, organizaciones civiles han cuestionado estos datos debido a la subclasificación de casos.