El Senado de la República aprobó este miércoles 30 de septiembre la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que la oposición y algunos medios han denominado ‘Ley Antimemes’, debido al debate generado por sus posibles efectos sobre contenidos satíricos y políticos en internet.
La reforma fue aprobada en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra. Posteriormente, el dictamen fue avalado también en lo particular y remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. Por ello, todavía no se trata de una ley vigente.
El punto central es una modificación al artículo 403 Bis, que contempla sanciones para quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen, a escala comercial, elementos de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o signos oficiales de instituciones públicas cuando se busque inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.
La reforma establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para las conductas previstas en el artículo.
¿La llamada Ley Antimemes castigará las críticas al Gobierno?
El debate surgió porque legisladores de oposición señalaron que conceptos como “identidad gráfica”, “imitación” y “escala comercial” podrían permitir interpretaciones amplias y generar incertidumbre sobre contenidos satíricos, caricaturas, memes o críticas políticas que utilicen elementos oficiales.
La senadora panista Guadalupe Murguía cuestionó la redacción y sostuvo que el nuevo tipo penal contiene conceptos que podrían resultar ambiguos. Otros legisladores de oposición también pidieron establecer excepciones expresas para la parodia, sátira, periodismo, creación artística y expresiones de interés público.
Sin embargo, el texto aprobado no establece que crear o publicar un meme crítico contra el Gobierno sea, por sí mismo, un delito. Para que se configure la conducta prevista en el artículo 403 Bis deben concurrir elementos como el uso de la identidad institucional a escala comercial, la intención de inducir al error o engaño y la finalidad de cometer un ilícito.
El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, rechazó que la reforma tenga como objetivo prohibir la sátira o castigar la crítica al Gobierno. Morena y sus aliados sostuvieron durante el debate que la medida busca combatir la suplantación de instituciones y prácticas de fraude o falsificación.
Reforma también contempla nuevas penas contra la piratería
Además de las disposiciones relacionadas con la identidad institucional, la reforma incorpora modificaciones para fortalecer las sanciones contra determinadas prácticas de piratería y falsificación.
El paquete legislativo contempla penas de cuatro a diez años de prisión para determinadas conductas relacionadas con la difusión o publicación no autorizada de obras, videogramas, fonogramas o libros antes de su lanzamiento oficial, de acuerdo con el dictamen y la discusión legislativa.
La iniciativa fue presentada como parte de una actualización del marco mexicano de propiedad intelectual y como una medida para combatir la falsificación y la piratería.
La oposición, por su parte, sostuvo que el combate a la piratería no debería generar disposiciones que puedan afectar la libertad de expresión. El PAN afirmó que la redacción podría dejar margen para que una autoridad determine si determinados contenidos que empleen símbolos oficiales constituyen una infracción penal.
Con la aprobación del Senado, el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su proceso antes de que pueda convertirse en legislación vigente.
