La Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuenta con informantes que han aportado testimonios, videos, fotografías, mensajes de WhatsApp, información financiera y documentos sobre presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) durante varios años.
El organismo fiscalizador informó que las personas que proporcionaron estos elementos decidieron acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, con el propósito de colaborar en el esclarecimiento de los hechos.
Entre las personas señaladas en las investigaciones se encuentra la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien ha sido mencionada en reportes periodísticos sobre presuntos vínculos con empresarios proveedores del organismo electoral.
La ASF indicó que la información recibida incluye nombres, alias, domicilios y datos sobre personas presuntamente involucradas en las irregularidades.
ASF obtiene testimonios y pruebas sobre contratos del INE
En las últimas semanas, el periódico Reforma y otros medios han difundido videos y fotografías en los que aparecen Taddei y funcionarios del INE junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas, socio de Cajas Graf y otras compañías proveedoras del organismo.
Las publicaciones muestran presuntos beneficios otorgados por el empresario a Taddei o a sus hijos, entre ellos la organización de fiestas, regalos y financiamiento de viajes.
También se han difundido materiales que, de acuerdo con esos reportes, mostrarían conversaciones entre el empresario y Taddei sobre el reparto de recursos obtenidos mediante licitaciones con precios presuntamente inflados.
La ASF señaló que la colaboración de los informantes ha permitido obtener datos de personas que conocen cómo habrían operado durante varios años las irregularidades en las contrataciones públicas de organismos electorales.
ASF busca identificar a responsables y rastrear recursos
El órgano fiscalizador afirmó que sus investigaciones han documentado indicios de que beneficiarios finales de distintas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.
“Las investigaciones han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses”, señaló.
La Auditoría aseguró que trabaja para identificar a todas las personas involucradas, rastrear el destino de los recursos públicos y procurar que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.
Asimismo, destacó que, por primera vez, desarrolla investigaciones con la colaboración directa de personas que han proporcionado información y elementos relevantes para documentar posibles irregularidades.
