La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que incorpora la intervención o injerencia extranjera como una nueva causal para anular elecciones en México. El dictamen fue avalado con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, y fue enviado al Senado para su análisis y eventual aprobación.
La iniciativa fue impulsada por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien modificó la redacción original durante el debate para precisar que la nulidad procederá cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.
Morena defiende la reforma; oposición la califica de “ley mordaza”
Monreal rechazó las acusaciones de censura y sostuvo que la reforma busca proteger la soberanía nacional y evitar que gobiernos, organizaciones o actores extranjeros influyan en los procesos democráticos mexicanos. Además, afirmó que una publicación en redes sociales, una entrevista o una nota informativa no serían suficientes por sí mismas para anular una elección.
Sin embargo, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la redacción del dictamen y advirtieron que podría utilizarse de manera discrecional para impugnar resultados electorales.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez calificó la propuesta como una “ley mordaza”, mientras que la diputada priista Xitlalic Ceja afirmó que la falta de criterios claros podría abrir la puerta a la judicialización de elecciones.
Reforma pasa al Senado para su discusión
La modificación adiciona un inciso a la Base VI del artículo 41 constitucional y establece que una elección podrá anularse cuando se acrediten actos de intervención extranjera que influyan en los resultados electorales.
De acuerdo con el dictamen, entre los riesgos que busca atender la reforma se encuentran el financiamiento ilícito desde el extranjero, campañas de desinformación, manipulación digital, propaganda internacional y otras formas de influencia externa sobre los procesos electorales.
Tras más de siete horas de debate, la propuesta fue aprobada por mayoría calificada y enviada al Senado, donde Morena y sus aliados también cuentan con mayoría legislativa.