La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ordenó ocultar videograbaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
De acuerdo con la Fiscalía, nuevas investigaciones permitieron reunir elementos que apuntan a que el entonces mandatario estatal encabezó una operación para desaparecer evidencia que podría haber contribuido a esclarecer el paradero de los normalistas.
FGR señala que Aguirre ordenó desaparecer videograbaciones
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que la investigación acredita que la instrucción para ocultar las grabaciones fue emitida directamente por Ángel Aguirre con la participación de altos funcionarios del Gobierno de Guerrero.
Como resultado de estas indagatorias, un juez libró una orden de aprehensión contra el exgobernador por los presuntos delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia, la cual fue cumplimentada en el Estado de México.
La Fiscalía sostuvo que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de estudiantes, fue captado por las cámaras de vigilancia 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala cuando era interceptado por policías municipales y estatales.
Testigos protegidos respaldan nueva línea de investigación
Según la FGR, en la investigación original se aseguró que las grabaciones no existían debido a presuntas fallas técnicas, versión que fue desmentida por diligencias posteriores.
La dependencia indicó que, en enero de este año, un colaborador declaró que las videograbaciones sí existían y que fueron retiradas para ser entregadas directamente al entonces gobernador, además de señalar que guardó silencio durante años por amenazas.
Posteriormente, un segundo testigo protegido declaró que Aguirre ordenó a integrantes de su administración desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
La Fiscalía afirmó que estos testimonios permiten sostener que el ocultamiento de las grabaciones fue parte de una operación deliberada organizada desde la administración estatal.
Asimismo, Ernestina Godoy aseguró que las familias de los 43 estudiantes han sido informadas sobre los avances de la investigación y reiteró que las indagatorias continuarán hasta esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.