La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, aprobó el dictamen de la iniciativa presidencial que propone aplazar de 2027 a 2028 la elección judicial en México.
La reforma plantea modificaciones al modelo de elección de jueces, magistrados y ministros, además de elevar a rango constitucional los programas de capacitación y actualización permanente para todas las personas juzgadoras.
El dictamen fue avalado con 29 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
Reforma judicial plantea nuevos mecanismos de selección
Entre los cambios aprobados destaca la reducción del número de candidaturas presentadas en cada boleta respecto al esquema original de la reforma judicial.
Además, se establece que cada Poder de la Unión integrará un Comité de Evaluación encargado de proponer a las personas mejor calificadas para cada cargo mediante un proceso de insaculación pública y con observancia de la paridad de género.
En el caso de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, cada Poder postulará únicamente dos candidaturas.
La iniciativa también contempla la creación de dos Secciones dentro de la Suprema Corte, luego de la eliminación de las Salas, así como adelantar al mes de abril del año previo a la elección la emisión de la convocatoria por parte del Senado.
El diputado del PRI, Alejandro Domínguez, criticó la propuesta y afirmó que representa “el reconocimiento expreso de que la Reforma Judicial que aprobó la mayoría no funciona en este país”.
Por su parte, la diputada de Morena, Julieta Vences, defendió el aplazamiento y aseguró que busca dar mayor tiempo para una organización técnica y operativa más eficiente.
Diputados aprueban causal de nulidad por intervención extranjera
La Comisión también aprobó un segundo dictamen de reforma al artículo 41 constitucional para establecer como causal de nulidad de elecciones la intervención extranjera.
La oposición rechazó la medida al advertir posibles riesgos para la libertad de expresión y el debate público.
La diputada panista Annia Sarahí Gómez señaló que la redacción de la iniciativa es demasiado amplia y podría utilizarse para invalidar procesos electorales bajo distintos argumentos.
Ambos dictámenes fueron turnados al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual votación.