La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación que abrió para analizar una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, al concluir que existe “falta de jurisdicción” y que los tribunales españoles no son competentes.

El ministerio público dictó un decreto, conocido este viernes, en el que concluye que no se cumplen los requisitos legales para que la Justicia española investigue la denuncia presentada por dos ex empleadas por los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

Según explicó la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Judicial exige, entre otras condiciones, que el denunciado sea ciudadano español, que no exista un procedimiento abierto en el país donde se habrían cometido los hechos o ante un tribunal internacional, y que exista una “conexión material con España”, como que las víctimas sean españolas o residan en el país.

Sin embargo, el decreto señala que las denunciantes son extranjeras y no residen en España, que los hechos atribuidos ocurrieron en países “plenamente competentes” y que los denunciados —Julio Iglesias y otras dos personas— no residen en España y tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña).

La Fiscalía consideró que el criterio decisivo es la existencia de un vínculo relevante con España, algo que, según el ministerio público, no se da porque los hechos no ocurrieron en territorio español y ni denunciantes ni denunciados se encuentran en España.

Además, la Fiscalía recordó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide desplazar la jurisdicción del Estado “primariamente competente”, salvo que se acredite la “imposibilidad real o falta de voluntad de investigar”, lo que no se ha demostrado en este caso, ya que no se han denunciado los mismos hechos en los países territorialmente competentes.

Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, quienes aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para respaldar sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

Las denunciantes presentaron la denuncia el pasado 5 de enero y el 16 de enero la Fiscalía otorgó a ambas la condición de testigos protegidos. La apertura de la investigación se conoció el mismo día que una investigación periodística de eldiario.es y Univisión Noticias recogía relatos sobre las presuntas agresiones ocurridas en 2021, cuando Iglesias tenía 77 años.

Las denunciantes aseguraron que, en las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas, supuestamente estaban obligadas a realizarse pruebas médicas, incluidas revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual.

Julio Iglesias negó las acusaciones y publicó un comunicado en su perfil de Instagram en el que aseguró que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”. El cantante también intentó personarse en la investigación para tener acceso directo al contenido de la denuncia, pero la Fiscalía rechazó su petición.

Organizaciones califican de “lamentable” el archivo

Las organizaciones Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, que asesoran a las denunciantes, consideraron “lamentable” la decisión de archivar la investigación y anunciaron que las mujeres “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”.

En un comunicado, señalaron que la decisión impide investigar los hechos y valorar la evidencia presentada, y subrayaron que no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado, por lo que la denuncia podría presentarse ante otros órganos judiciales pertinentes.

Ambas organizaciones destacaron que convenios internacionales como el Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio.

Con información de EFE