La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, estaría siendo investigada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con una investigación publicada por el semanario ZETA de Tijuana.

El medio afirmó haber confirmado con fuentes en Estados Unidos la existencia de una investigación contra la mandataria, su exesposo y excoordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno estatal, Carlos Torres Torres, así como otras personas.

La versión se da a conocer después de la difusión de cuatro audios atribuidos a conversaciones de Ávila con intermediarios y presuntos funcionarios estadounidenses. En las grabaciones se habla de posibles cargos y de una eventual cooperación con autoridades de ese país.

Audios mencionan posibles cargos y una ‘proffer letter’

El audio más reciente, difundido el 11 de agosto, contiene una referencia directa a una posible investigación penal. De acuerdo con la transcripción publicada por ZETA, un interlocutor habría advertido a la gobernadora que se trataba de una “última oportunidad” para evitar cargos o sanciones.

Ante una pregunta de Ávila sobre los delitos que podrían imputarle, el supuesto agente estadounidense habría señalado que no podía discutirlos y le recomendó consultar a su abogado y preparar una “proffer letter”, un mecanismo utilizado en investigaciones federales de Estados Unidos para que una persona proporcione información a fiscales bajo determinadas condiciones.

ZETA sostiene que la propuesta constituye un indicio de que la investigación contra la gobernadora estaría en curso. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han hecho públicos los detalles de una eventual investigación penal contra Ávila.

El Gobierno de Baja California rechazó que la mandataria haya firmado una proffer letter. Jesús Romandía, secretario particular de Ávila, declaró a ZETA que la gobernadora “no firmó ningún documento”.

Marina del Pilar niega conocer una investigación

Ávila ha señalado públicamente que desconoce si existe una investigación en su contra y ha sostenido que las grabaciones fueron sacadas de contexto.

La gobernadora también ha atribuido la situación a una supuesta “emboscada psicológica” y responsabilizado de ella al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

No obstante, reportes previos sobre los audios señalan que Ávila reconoció haber contratado a un exagente del FBI para asesorarla en gestiones relacionadas con Estados Unidos. También se ha reportado que habría sostenido reuniones con investigadores estadounidenses y que en uno de esos contactos se le planteó la posibilidad de presentar una proffer letter.

La situación se suma a la controversia iniciada en mayo, cuando Ávila informó que Estados Unidos había revocado su visa y atribuyó inicialmente la medida a un asunto administrativo.

Hasta ahora, no existe una acusación penal pública de autoridades estadounidenses contra la gobernadora, por lo que las versiones sobre la investigación deben atribuirse a las fuentes y reportes periodísticos que las han difundido.