Francia puso en vigor los primeros toques de queda parciales en varias ciudades, entre ellas París, Lyon, Lille y Niza, tras una ola de saqueos, incendios y enfrentamientos durante las protestas contra el encarecimiento del costo de vida.
El gobierno de Emmanuel Macron prometió endurecer la respuesta penal contra los responsables, mientras enfrenta críticas por la actuación de las fuerzas de seguridad.
Las restricciones comenzaron la noche de este lunes en determinadas zonas de las ciudades afectadas.
En Lyon, las medidas entraron en vigor entre las 20:00 y las 21:00 horas locales; en Lille y Niza, las prohibiciones de circulación se aplican únicamente a menores que no estén acompañados.
En París, las restricciones afectan desde las 23:00 horas a la plaza de la República y al barrio de Les Halles, donde se registraron numerosos saqueos.
Además, las manifestaciones están prohibidas en esas zonas desde las 20:00 horas, así como en otros barrios de la capital.
Las autoridades reportaron 67 detenidos por los disturbios, mientras el gobierno cifró en más de 3 mil los comercios afectados en todo el país.
Denuncian al ministro del Interior por lesiones a un menor
La violencia del fin de semana también abrió un frente judicial contra el ministro del Interior, Laurent Nuñez.
El abogado de un joven de 17 años que perdió una mano por la explosión de una granada durante los disturbios en Saint-Étienne anunció que presentó una denuncia contra el presunto autor del disparo y contra el funcionario.
El litigante Yassine Bouzrou informó que la denuncia contra Nuñez fue presentada ante el Tribunal de Justicia de la República por presunta “complicidad en violencia agravada”.
El presidente Macron reconoció que deben analizarse los fallos en la gestión policial, mientras que el propio ministro del Interior admitió que las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas ciudades.
Los disturbios comenzaron durante una multitudinaria protesta convocada en redes sociales contra el aumento del costo de vida, vinculada al movimiento de los chalecos amarillos, que sacudió Francia en 2018 y 2019.
De acuerdo con la Federación de Comercio y Distribución, los daños alcanzaron miles de establecimientos. Assia Sanaa, gerente de siete tiendas de calzado deportivo en París, relató a la agencia AFP que grupos de unas 20 o 30 personas llegaron durante la noche y saquearon los comercios.
La Comisión Europea calificó los actos violentos de inaceptables. Entretanto, las autoridades francesas pidieron a las plataformas de reventa por internet retirar anuncios de productos presuntamente procedentes de los saqueos.
Macron enfrenta presión política por la crisis de seguridad
La respuesta del gobierno provocó críticas de distintos sectores políticos, a seis meses de las elecciones presidenciales, en las que Macron no podrá presentarse nuevamente.
La ultraderechista Marine Le Pen busca capitalizar el descontento y presentarse como una alternativa centrada en el restablecimiento del orden.
Jordan Bardella, presidente de su partido, acusó al gobierno de haber abandonado sus responsabilidades.
Desde la izquierda, el socialdemócrata Raphaël Glucksmann cuestionó que la crisis pueda beneficiar políticamente a Le Pen y pidió una respuesta firme que también atienda las demandas sociales de los manifestantes.
El presidente estadounidense, Donald Trump, atribuyó los disturbios a la inmigración, mientras que varios dirigentes franceses responsabilizaron a grupos de extrema izquierda.
Estas afirmaciones forman parte de la disputa política en torno a los responsables de la violencia.
La tensión también se manifestó en París, donde manifestantes bloquearon el acceso al Museo del Louvre para apoyar las demandas de estudiantes que reclaman mejores condiciones en los liceos.
Aunque el gobierno anunció medidas de seguridad, no presentó nuevas acciones económicas para aliviar el encarecimiento de la vida.
Macron mantuvo su viaje a Oriente Medio, con el objetivo de asegurar suministros de combustible y contribuir a reducir los precios.
Los chalecos amarillos, por su parte, convocaron nuevas manifestaciones para el próximo sábado.
La crisis se desarrolla mientras el gobierno, que carece de mayoría parlamentaria, busca aprobar un ajuste fiscal de 54 mil millones de euros para 2027, en medio de advertencias sobre las dificultades económicas y políticas que enfrenta el país.