Una jueza federal impuso la prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete presuntos integrantes de una organización señalada por un supuesto esquema de contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación está relacionada con la presunta importación irregular de más de 2 mil 137 millones de litros de combustible, además del aseguramiento de 18 millones de litros, operaciones que habrían ocasionado un daño estimado en 166 millones de pesos a la hacienda pública.
Ruffo será enviado al Penal del Altiplano
La Fiscalía informó que Ernesto Ruffo y otros cuatro imputados serán trasladados del edificio de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”.
Otra de las personas procesadas será internada en el Centro Federal de Readaptación Social Nezahualcóyotl Sur, mientras que dos imputados permanecerán en prisión domiciliaria por motivos de salud.
La audiencia inicial, realizada mediante videoconferencia, se prolongó durante 32 horas y media, desde la noche del viernes hasta la mañana del domingo, convirtiéndose en una de las más largas desde la implementación del sistema penal acusatorio.
Fiscalía acusa delincuencia organizada y contrabando
Durante la diligencia, la FEMDO formuló imputaciones por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, además de presentar cerca de un centenar de datos de prueba.
A petición de las defensas, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega concedió la duplicidad del plazo constitucional, por lo que será a mediados de la próxima semana cuando determine si los ocho imputados son vinculados o no a proceso.
La FGR sostiene que la organización presuntamente introducía combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, reportando menores volúmenes o clasificando los productos con otra denominación para evadir el pago del IVA y del IEPS.
Además, las autoridades informaron que existen 25 órdenes de aprehensión relacionadas con este caso: ocho personas ya fueron detenidas, una permanece encarcelada por otro proceso y otras 16 continúan prófugas.
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— FGR México (@FGRMexico) July 19, 2026