La creciente ola de violencia contra autoridades locales en México, con el asesinato del alcalde en Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, como punto crítico, ha encendido los focos rojos del Gobierno y sus agencias de seguridad, luego de que en los últimos 12 meses, 10 presidentes municipales han sido asesinados en varios estados del país.

De acuerdo con registros oficiales, la reciente ola de atentados contra alcaldes inició el 6 de octubre de 2024 con el asesinato de Alejandro Arcos Catalán (Partido Revolucionario Institucional, PRI), presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero.

Desde entonces, una decena de ediles han sido asesinados en localidades de Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán

Sin embargo, el que ha despertado las alarmas es el de Carlos Manzo Rodríguez, (Independiente), quien fue ejecutado en Uruapan en un evento público del Día de Muertos.

Su asesinato ha generado una fuerte indignación no solo en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, sino en todo México.

Según el Gobierno mexicano, Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, que además fue reforzada a principios de este 2025, lo que agrega preocupación por la vulnerabilidad de las propias autoridades.

En Uruapan, una ciudad de unos 360.000 habitantes, operan varias organizaciones criminales, entre ellas, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El eslabón más débil

En México existen tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, cada uno con sus propias competencias y funciones específicas, y sobre ellos pesa la amenaza del crimen organizado, ante el control de cientos de municipios.

“(El nivel municipal) es el eslabón más débil de las estructuras de gobierno en este país”, explicó a EFE el profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Oliva.

“Y en un país en el que la ley es federalista, pero que en la práctica es centralista, el municipio es el que sale con la peor parte en términos de presupuesto en general, entonces, en buena parte, eso explica no solo los problemas de seguridad, sino de toda naturaleza, servicios urbanos, salud”, añadió.

Donde inicia el control del crimen organizado

Según la ONG Data Cívica en su estudio ‘Votar entre Balas’, un reporte de agresiones para entender la violencia político-criminal en el país, “el poder municipal es el eslabón más vulnerable frente al control territorial del crimen organizado” y casi el 80% de las víctimas de violencia político-criminal en México se concentran en este nivel.

Para Oliva, especialista en temas de Seguridad Nacional, los municipios están altamente expuestos ante el embate del crimen organizado y sus disputas territoriales, ya que los presidentes municipales (alcaldes) son responsables de la seguridad.

“Estableciendo la comparación a nivel de las instituciones de seguridad pública, de manera análoga, las policías municipales son las que menos condiciones tienen para hacerle frente, estructuralmente, al problema de la inseguridad, la violencia y el crimen organizado”, expuso.

La misma ONG indicó que en lo que va de 2025, Michoacán ha registrado 25 ataques dirigidos contra personas del ámbito de la política, el 88 % de ellos con cargos a nivel municipal.

El mensaje

Para el especialista el mensaje que deja el asesinato de Manzo al Gobierno es de “impunidad y desafío. Esa es la evidencia que pone y por el otro lado la falta de responsabilidad en primera instancia de los gobiernos estatales”.

Advirtió, además, que estados como Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, también “se han visto gravemente afectados (en los últimos años) por la actividad criminal”.

Por último, Oliva lamentó que entre los cuatro puntos que plantea el Plan Michoacán, para combatir la violencia e inseguridad en el estado, presentado esta semana por la presidenta, Claudia Sheinbaum “no viene un solo punto donde señale el desmantelamiento de actividades criminales”.