El Órgano de Administración Judicial (OAJ) modificará los lineamientos para evaluar el desempeño de aproximadamente 32 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de las protestas y bloqueos realizados la semana pasada contra un sistema que, de acuerdo con los inconformes, ponía en riesgo su estabilidad laboral.

El nuevo acuerdo establece que las evaluaciones tendrán como objetivo mejorar la eficiencia y calidad del servicio de impartición de justicia, pero elimina las disposiciones que podían interpretarse como mecanismos sancionatorios o causas de separación del cargo.

El cambio se produjo después de una reunión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que participaron el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, el titular del OAJ, Néstor Vargas, y representantes de los tres sindicatos que agrupan a los trabajadores del Poder Judicial.

La decisión representa un giro en el conflicto laboral que provocó suspensiones de actividades y bloqueos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Eliminan criterios discrecionales y modifican los exámenes de desempeño

Uno de los principales motivos de inconformidad era que las opiniones de jueces, magistrados y compañeros de trabajo podían representar 30 por ciento de la calificación final.

Los trabajadores cuestionaban que estos criterios permitieran evaluaciones subjetivas y que las valoraciones de sus superiores pudieran influir directamente en su permanencia dentro de la institución.

Ante las críticas, la Suprema Corte informó que se eliminarán los elementos de discrecionalidad y se modificarán los porcentajes de los factores que pudieran introducir subjetividad en el proceso.

También desaparecerá la posibilidad de que los titulares de juzgados y tribunales soliciten evaluaciones extraordinarias para sus subordinados.

En su posicionamiento, la Corte explicó que el propósito de los cambios es garantizar que la evaluación sirva para fortalecer las capacidades del personal y mejorar el funcionamiento institucional.

“Se establecerá de manera clara y categórica que la evaluación del desempeño tendrá como propósito fundamental fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, derogando en definitiva toda referencia en que pueda interpretarse que dicha evaluación tendrá efectos sancionatorios o bien, implique separación del cargo”, informó el máximo tribunal.

La modificación alcanza a unos 32 mil funcionarios, entre secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales, quienes habían manifestado su rechazo al modelo original.

El acuerdo busca atender las preocupaciones de los sindicatos sin eliminar por completo la evaluación del desempeño como herramienta institucional.

Hugo Aguilar interviene en el conflicto pese a los cambios en la estructura judicial

La participación de Hugo Aguilar en las negociaciones tuvo una particularidad institucional: desde la reforma judicial, la administración de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito corresponde al Órgano de Administración Judicial, no a la Suprema Corte.

A diferencia del esquema anterior, cuando el presidente de la Corte también encabezaba el extinto Consejo de la Judicatura Federal, actualmente ambas funciones están separadas.

Por ello, la intervención de Aguilar consistió en facilitar el diálogo entre el OAJ y las organizaciones sindicales para encontrar una salida al conflicto.

La controversia también puso sobre la mesa la relación entre los nuevos lineamientos y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, vigente desde enero de 2025.

Esta legislación contempla la evaluación del desempeño como un requisito relacionado con la permanencia en los cargos judiciales.

Sin embargo, después de las protestas, el acuerdo administrativo fue modificado para eliminar cualquier interpretación que permita utilizar las calificaciones como fundamento para separar a los trabajadores de sus puestos.

El cambio representa una respuesta a las demandas sindicales, aunque también abre interrogantes sobre la aplicación práctica de las disposiciones legales y la manera en que el OAJ garantizará evaluaciones objetivas.

Por ahora, el nuevo planteamiento busca mantener los mecanismos de revisión del desempeño sin convertirlos en una amenaza para la estabilidad laboral de quienes trabajan en los juzgados y tribunales federales.