La capital de Estados Unidos amaneció este martes con un refuerzo inusual en sus calles: algunos de los 800 miembros de la Guardia Nacional desplegados por orden del presidente Donald Trump comenzaron a llegar, como parte de un operativo federal para asumir el control del Departamento de Policía Metropolitana y, según el mandatario, “reducir el crimen” en lo que calificó —sin pruebas— como “una ciudad sin ley”.
La llegada de los uniformados se produjo horas después de que la Casa Blanca anunciara que activaría a la Guardia Nacional y centralizaría el mando policial de la ciudad. En su mensaje, Trump argumentó que se enfrentaba a una “emergencia criminal” que requería medidas extraordinarias.
Sin embargo, funcionarios locales desmintieron la narrativa presidencial, señalando que los índices delictivos en Washington han mostrado una tendencia a la baja en los últimos meses, y que no existe un repunte que justifique la intervención.
Un operativo con base legal, pero con límites
De acuerdo con expertos, el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad legal para desplegar fuerzas federales y, en ciertos casos, tomar el control de las fuerzas policiales locales, aunque dicha facultad tiene alcances limitados y puede ser cuestionada en tribunales.
En este caso, Trump fundamentó su decisión en lo que denominó una “emergencia criminal”, aunque no aportó datos recientes que respalden un aumento delictivo.
La orden contempla que los efectivos de la Guardia Nacional no solo se sumen a las labores de vigilancia, sino que también puedan participar en operativos conjuntos con las fuerzas locales.
El despliegue ha generado incertidumbre entre los habitantes, quienes desconocen cuán visible y agresiva será la presencia federal, a quiénes se enfocará y cuánto tiempo permanecerá activa.
La respuesta de la Alcaldía de Washington
La alcaldesa Muriel Bowser criticó abiertamente la medida, calificándola de innecesaria y contraproducente.
“El crimen en la ciudad ha disminuido de manera constante y el estado de emergencia que el presidente percibe no coincide con las cifras reales”, declaró.
Bowser advirtió que la autoridad de Trump en este ámbito es “bastante amplia”, lo que limita las posibilidades de resistencia por parte del gobierno local. “Podríamos impugnar”, dijo, “pero su autoridad es bastante amplia. Voy a trabajar todos los días para asegurarme de que no sea un desastre total”.
La mandataria local también habló de la “supuesta emergencia” que el presidente ha señalado, advirtiendo que su implementación podría alterar la coordinación operativa de la policía capitalina, afectar la percepción de seguridad y generar tensiones innecesarias entre las autoridades locales y federales.
Tensiones políticas en año electoral
El movimiento de Trump ocurre en un contexto políticamente cargado, con las elecciones presidenciales en el horizonte. Analistas señalan que la medida podría responder más a estrategias de campaña que a necesidades reales de seguridad, ya que el mandatario ha buscado proyectar una imagen de “mano dura” frente al crimen en varias ciudades del país.
En semanas recientes, el presidente ha criticado abiertamente a las administraciones demócratas en diversas ciudades, acusándolas de ser “blandas con el crimen” y proponiendo intervenciones federales similares.
El despliegue en Washington, sin embargo, tiene un peso simbólico mayor, al tratarse de la capital y del centro del poder político estadounidense.
Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles han comenzado a monitorear la situación para evaluar posibles abusos de autoridad o violaciones a los derechos de los ciudadanos, especialmente en comunidades vulnerables.
El avance del operativo en los próximos días será clave para determinar su impacto real en la seguridad y en la dinámica política de la ciudad.