Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó este viernes que el presidente Donald Trump no tenía autoridad legal para imponer decenas de aranceles a países como China, Canadá, México e India, al considerar que se excedió en sus facultades.

Sin embargo, pese a la resolución judicial, la política arancelaria del republicano permanecerá en vigor hasta mediados de octubre, mientras el Gobierno busca apelar la decisión ante la Corte Suprema.

De acuerdo con el fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, Trump hizo un uso indebido de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977, norma diseñada únicamente para situaciones de emergencia nacional.

El tribunal determinó que esa legislación no podía ser utilizada como justificación para implementar un régimen arancelario amplio y permanente, como hizo el entonces presidente.

Una política bajo presión judicial

El dictamen de este viernes representa el segundo revés judicial para la estrategia comercial de Trump. En mayo de este mismo año, un tribunal especializado en comercio en Nueva York había advertido sobre la ilegalidad de dichos aranceles.

Ahora, con la confirmación de una corte federal de mayor rango, se refuerza la idea de que el presidente excedió sus atribuciones legales al imponerlos.

La decisión afecta particularmente los aranceles más duros aplicados contra China, Canadá y México, así como los impuestos aduaneros que se extendieron recientemente a India.

En su momento, estas medidas generaron tensiones diplomáticas y represalias comerciales que impactaron en sectores estratégicos de la economía global.

Sin embargo, los jueces aclararon que el fallo no alcanza a otros gravámenes que Trump aplicó sobre vehículos, acero y determinados bienes industriales, ya que estos se habían sustentado en disposiciones distintas de la legislación estadounidense.

La respuesta de Trump

Tras conocerse el fallo, el propio Donald Trump reaccionó con un mensaje en su red social Truth Social, donde aseguró que el dictamen era “incorrecto” y producto de un tribunal “altamente partidista”.

“¡TODOS LOS ARANCELES ESTÁN AÚN EN VIGOR! Hoy, una corte de apelación dijo incorrectamente que nuestros aranceles deberían ser eliminados, pero los Estados Unidos de América ganarán al final”, escribió.

Trump ya anticipó que recurrirá a la Corte Suprema, con lo que se abre un nuevo capítulo en la disputa legal sobre su política arancelaria. De confirmarse la ilegalidad en la última instancia, la Casa Blanca tendría que retirar una de las medidas económicas más representativas de la administración republicana.

Implicaciones económicas y políticas

Expertos en comercio internacional han señalado que la medida del tribunal podría tener efectos significativos para la política comercial estadounidense. Por un lado, cuestiona la legitimidad de utilizar la IEEPA para fines distintos a emergencias. Por otro, genera incertidumbre sobre el futuro de la relación con China, principal objetivo de los aranceles.

La política arancelaria de Trump, iniciada en 2018, buscaba reducir el déficit comercial de Estados Unidos y presionar a sus socios a renegociar tratados bajo condiciones más favorables. Sin embargo, también elevó los costos de importación para empresas y consumidores estadounidenses.

Para México y Canadá, socios en el tratado T-MEC, las medidas representaron un obstáculo en la relación bilateral. En el caso de China, la disputa escaló en una guerra comercial con repercusiones globales, que incluyeron represalias y mayores tensiones en los mercados financieros.

¿Qué sigue?

Aunque el fallo del tribunal de apelaciones declara ilegales los aranceles, mantiene su vigencia hasta mediados de octubre. Esto permitirá al Gobierno presentar su recurso ante la Corte Suprema.

De confirmarse la sentencia, se abriría la puerta para que los países afectados exijan la suspensión inmediata de las tarifas y, eventualmente, la devolución de recursos cobrados de manera ilegal.

Por ahora, los aranceles siguen vigentes, pero el futuro de una de las políticas económicas más controvertidas de los últimos años dependerá de lo que decida la Corte Suprema en los próximos meses.

Con información de EFE