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Sheinbaum niega pacto con Maru Campos por el caso Jáuregui: “La justicia está por encima de la política”

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un pacto político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para proceder contra el exfiscal César Jáuregui Moreno, detenido por su presunta responsabilidad en un operativo en el que participaron agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sin la autorización correspondiente.

La mandataria rechazó las versiones sobre un supuesto acuerdo que incluiría ofrecer una embajada a la gobernadora panista y sostuvo que las investigaciones contra el exfuncionario deben desarrollarse con base en pruebas, sin negociaciones políticas.

“Primero, para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, afirmó durante su conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que la investigación federal comenzó después de que agentes estadounidenses murieran en un accidente carretero en la Sierra Tarahumara, tras participar en un operativo con autoridades de Chihuahua relacionado con un presunto laboratorio de metanfetaminas.

Sheinbaum cuestiona operativo con agentes de la CIA en Chihuahua

La presidenta sostuvo que los agentes estadounidenses no contaban con la autorización necesaria para participar en ese tipo de actividades en territorio mexicano y cuestionó que una fiscalía estatal interviniera en una operación que, afirmó, correspondía a las autoridades federales.

“Primero, no desmantelaron ningún laboratorio. Segundo, no tenía atribuciones o no tiene atribuciones una fiscalía estatal para desmantelar un laboratorio. Solamente la Fiscalía General de la República tiene esas atribuciones”, señaló.

De acuerdo con la mandataria, las autoridades federales revisaron las condiciones bajo las cuales ingresaron los agentes estadounidenses a México y detectaron que su presencia no correspondía a las autorizaciones requeridas para participar en el operativo.

A partir de estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para esclarecer por qué había personal extranjero en el despliegue y llamó a declarar a funcionarios de Chihuahua.

Jáuregui fue detenido el 17 de octubre por autoridades estatales, que le imputaron presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Posteriormente, la FGR ejecutó una orden de aprehensión por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que la investigación federal incluyó más de 100 actos y atribuyó al exfiscal haber permitido la participación de agentes extranjeros sin la autorización correspondiente.

La FGR determinará si existen responsabilidades contra Maru Campos

Sheinbaum afirmó que las acusaciones contra Jáuregui deberán sustentarse ante un juez y que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades a partir de las pruebas reunidas.

“La Fiscalía investiga hasta donde hay pruebas, porque hay un sistema penal acusatorio y dentro de ese marco tiene que encontrarse una prueba”, explicó.

Al ser cuestionada sobre la posible responsabilidad de Campos como superior jerárquica del exfiscal, la presidenta evitó anticipar conclusiones y rechazó que le corresponda exonerar o señalar a algún funcionario.

“No depende de mí exonerar a una persona o a otra. Es una decisión de la Fiscalía y de la investigación, ni siquiera una decisión personal de la Fiscal, sino de la propia investigación”, sostuvo.

La mandataria indicó que la audiencia federal de Jáuregui estaba prevista para este martes, cuando la FGR tendría que presentar los elementos que sustentan su acusación.

Finalmente, Sheinbaum diferenció el caso del exfiscal de las declaraciones de dirigentes opositores que han solicitado acciones de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos. Desde su perspectiva, esas expresiones políticas no deben convertirse automáticamente en asuntos judiciales.

Por ahora, la presidenta mantiene que no existe un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua y que el desarrollo del caso debe depender de las investigaciones y de las pruebas que puedan presentarse ante los tribunales.

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