La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, justificó este viernes que la adquisición de camionetas de seguridad para las nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) significó un ahorro superior a 1.000 millones de pesos (más de 55 millones de dólares), en medio de la polémica por el contraste con los llamados a la austeridad.

Durante su conferencia de prensa desde el estado de Veracruz, Sheinbaum explicó que la compra estuvo relacionada con el cambio de un contrato de renta por la adquisición de unidades, según información que solicitó a través de la Secretaría de Gobernación.

“Había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de 1.000 millones de pesos en este proceso”, expuso la mandataria, y añadió que el Órgano de Administración del Poder Judicial debe informar “sobre esta adquisición”, ante señalamientos de que se trata de una medida contradictoria con el discurso de austeridad.

La presidenta fue cuestionada por la compra de camionetas de la marca Jeep para los nuevos integrantes del máximo tribunal, elegidos por voto popular en junio de 2025, cada una valuada en 1,7 millones de pesos (casi 95.000 dólares), sin considerar medidas de protección como blindaje.

Sheinbaum indicó que solicitó datos “cuando vio la nota” y que la Secretaría de Gobernación consultó al Órgano de Administración de la Corte, el cual vinculó la compra con medidas de seguridad.

“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades”, señaló el máximo tribunal en una nota informativa.

Cuestionada sobre si existía alguna amenaza específica contra las ministras y ministros que justificara estas medidas, Sheinbaum respondió que “todo ello tiene que informarlo” la Corte.

Por su parte, la SCJN afirmó que la decisión se sustentó en opiniones técnicas de autoridades federales, que concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad.

El máximo tribunal sostuvo además que la compra respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a “consideraciones discrecionales”.

La Corte agregó que la renovación se realizó con apego a una normativa interna vigente emitida en 2019, que establece la sustitución periódica de este tipo de vehículos —cada cuatro años o antes si las condiciones no son seguras— y que el proceso se efectuó en paralelo a la reducción general del parque vehicular, para no generar un gasto adicional.

Con información de EFE