En una sesión histórica, el Senado de la República aprobó por unanimidad la creación de la Ley General para Combatir la Extorsión, una medida que busca enfrentar de manera contundente uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía mexicana.

Con 15 modificaciones al dictamen original enviado por la Cámara de Diputados, esta nueva legislación eleva las penas mínimas a 15 años y las máximas a 25, además de establecer que la extorsión será perseguida de oficio.

El consenso entre las distintas fuerzas políticas reflejó la urgencia de atender un problema que, según los legisladores, ha crecido de forma alarmante en los últimos años. La bancada de Morena, encabezada por el senador Enrique Inzunza, destacó que esta ley representa una oportunidad para que el Estado mexicano demuestre que no tolerará la extorsión en ninguna de sus formas.

“Hoy, las instituciones del Estado mexicano, y dentro de ellas este Senado de la República, tienen la oportunidad de demostrar, sin ambages, que México no tolerará la extorsión en ninguna de sus formas”, afirmó Inzunza, quien también subrayó que se utilizarán tanto políticas sociales como penales para enfrentar el delito.

Por su parte, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, celebró el “golpe de timón” que representa esta iniciativa, al considerar que marca un cambio radical respecto a la política de “abrazos, no balazos” promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Reconocemos con esta iniciativa que el Gobierno actual está dando un verdadero golpe de timón al combate al crimen organizado, dejando atrás una política que tanto daño le hizo al país”, expresó Barrales.

Aseguran que extorsión desplazó al narcotráfico en fuente de financiamiento

Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano lamentó que la extorsión se haya convertido en una fuente de financiamiento para grupos criminales, desplazando actividades como el narcotráfico.

“La complicidad del anterior Gobierno con el crimen, a través de la frase ‘abrazos, no balazos’, les dio prácticamente una patente para realizar toda actividad criminal que quisieran”, denunció.

Viggiano también alertó sobre la falta de previsión ante el cambio de estrategia, lo que ha llevado a que los delincuentes se enfoquen en delitos como el secuestro, el robo y la extorsión, afectando desde grandes empresarios hasta pequeños comerciantes. Como ejemplo, mencionó el caso de Tecatitlán, Estado de México, donde ejidatarios lincharon a 10 extorsionadores que exigían pagos para sembrar sus tierras.

En tanto, la senadora Guadalupe Murguía, del PAN, expresó su preocupación por la falta de recursos para implementar la nueva ley.

“¿Con qué recursos van a operar las unidades especializadas en materia de extorsión? ¿Con qué recursos se va a capacitar, evaluar y certificar a ministerios públicos, policías y analistas?”, cuestionó.

Murguía advirtió que el artículo noveno transitorio del dictamen establece que no se incrementará el presupuesto regularizable ni se autorizarán recursos adicionales para el ejercicio fiscal actual ni para el de 2025, lo que pone en duda la viabilidad de la ley.

Defienden política de “abrazos, no balazos”

Desde el Partido Verde, el senador Luis Alfonso Silva Romo defendió la política de “abrazos, no balazos”, argumentando que permitió sacar a 13 millones de mexicanos de la pobreza. Su compañero de bancada, Waldo Fernández, celebró la aprobación de la ley como una herramienta moderna y sólida para combatir la extorsión.

Finalmente, la senadora Liz Sánchez, del PT, destacó que esta ley responde al clamor de miles de ciudadanos que han vivido bajo el miedo constante.

“Hoy se puede responder al pueblo que ha guardado silencio por miedo; a quienes han cargado angustias que no les correspondían; a quienes sienten un sobresalto cada vez que suena el teléfono”, expresó.

La aprobación de esta ley marca un parteaguas en la lucha contra la extorsión en México, pero su efectividad dependerá de la asignación de recursos y de la voluntad política para implementarla en todos los niveles de gobierno.