Ser declarado “persona no grata” es una de las sanciones diplomáticas más severas que puede imponer un Estado a un representante extranjero. La medida implica la expulsión o el rechazo formal de un diplomático, funcionario o incluso de un jefe de Estado o de Gobierno, cuando su conducta es considerada ofensiva, inaceptable o contraria a los intereses nacionales del país anfitrión.
Una figura regulada por el Derecho Internacional
El concepto de persona non grata está contemplado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, el tratado internacional que regula las normas y privilegios del cuerpo diplomático.
Según su artículo 9, el Estado receptor puede declarar persona no grata a cualquier miembro del personal diplomático sin necesidad de justificar su decisión. En consecuencia, el país al que pertenece el funcionario debe retirarlo de inmediato o cesar sus funciones en ese territorio.
Esta disposición busca preservar la soberanía y el respeto mutuo entre naciones, evitando que las tensiones políticas o las conductas inapropiadas escalen a conflictos mayores.
Motivos frecuentes
Aunque no existe una lista oficial de causas, las declaraciones de persona non grata suelen responder a motivos como:
- Intervención en asuntos internos de otro país.
- Declaraciones o acciones públicas consideradas ofensivas o injerencistas.
- Espionaje o violaciones a la seguridad nacional.
- Abuso de privilegios diplomáticos o incumplimiento de las normas de convivencia.
En algunos casos, la medida también puede tener un carácter simbólico o político, como forma de protesta o para enviar un mensaje de desacuerdo diplomático.
Consecuencias y efectos
Una vez emitida la declaración, el diplomático afectado pierde su inmunidad y sus privilegios en el país anfitrión. Debe abandonar el territorio en un plazo determinado, generalmente de 48 a 72 horas.
La medida no implica necesariamente una ruptura de relaciones diplomáticas, aunque puede deteriorar el diálogo bilateral o anticipar una crisis diplomática más amplia.
Ejemplos recientes
En los últimos años, varios países latinoamericanos han recurrido a esta figura. Por ejemplo, México, Perú, Nicaragua y Bolivia han declarado personas no gratas a embajadores o autoridades extranjeras por considerarlas injerencistas.
En todos los casos, la medida se ha utilizado como mecanismo de defensa de la soberanía nacional o como respuesta a tensiones políticas.