Un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto “N” y a nueve marinos y funcionarios aduaneros por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles conocida como huachicol fiscal, que operó en las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos dos años.

La determinación se dio tras una audiencia maratónica de más de 17 horas encabezada por el juez de control Mario Martínez Elizondo, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahí, el impartidor de justicia concluyó que existían elementos suficientes para procesar a los acusados por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

“Se advierte la existencia de una organización delictiva integrada por personas de la Marina, funcionarios, agentes aduanales y empresarios”, señaló el juez al momento de dictar su resolución.

31 buques bajo sospecha

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los procesados formaron parte de una organización criminal que permitió el desembarque irregular de 31 buques cargados con hidrocarburos entre abril de 2024 y marzo de 2025.

Uno de los casos más relevantes fue el del buque Challenge Procyon, interceptado en Tampico con 10 millones de litros de combustible importado por la empresa regiomontana Intanza.

Las embarcaciones llegaban a los recintos fiscales 289 y 290, operados por las compañías Tampico Terminal Marítima y Administración de Servicios Comunes Portuarios.

Reclasificación y prisión preventiva

Aunque vinculó a los 10 imputados, el juez redujo de seis a tres el número de personas con funciones de mando o dirección en la red delictiva, quedando en esa categoría el vicealmirante Manuel Roberto “N”, dos sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, y el capitán Miguel Ángel “N”, señalado como operador de la estructura.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa a casi todos los acusados. Los hombres fueron trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras que dos de las tres mujeres quedaron en el Centro Federal Femenil de Morelos. Solo una de ellas, Perla Elizabeth “N”, seguirá el proceso en arraigo domiciliario con brazalete electrónico, debido a su embarazo de 12 semanas.

Los procesados alegaron haber recibido amenazas dentro del Altiplano por su condición de marinos y solicitaron ser enviados a una prisión militar, pero la petición fue rechazada por el juez.

Validez de las pruebas

La defensa intentó invalidar varias de las pruebas presentadas por la FGR, incluidas las declaraciones del testigo protegido “Santo”, información financiera proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y un video de YouTube en el que se señalaba la red de corrupción.

El juez, sin embargo, concedió valor demostrativo al testimonio de “Santo”, al considerar que sus declaraciones fueron clave para la investigación y que su participación como testigo colaborador quedó formalmente acreditada.

Sobre la información de la UIF, Martínez Elizondo aclaró que era “imperfecta, pero no ilícita”, aunque decidió no tomar en cuenta los estados de cuenta protegidos por el secreto bancario. En cuanto al video, aseguró que estaba comprobada la cadena de custodia.

Investigación complementaria

El juez otorgó seis meses de plazo para la investigación complementaria, tiempo en el que la FGR y las defensas deberán presentar más pruebas.

Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones, pues se enmarca en la ofensiva del Gobierno federal contra el huachicol fiscal, un delito que ha ocasionado pérdidas superiores a 4 mil millones de dólares entre 2019 y 2024.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones que su administración perseguirá este tipo de ilícitos “hasta donde tope”, sin importar si involucra a empresarios o funcionarios de alto rango.

Con información de Reforma