La jueza federal Katherine Polk Failla aseguró que existe una “abundante” cantidad de evidencia en el caso que el Gobierno de Estados Unidos mantiene contra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, acusado de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Durante una audiencia preliminar celebrada este lunes en un tribunal federal de Nueva York, la magistrada señaló que el expediente incluye una gran cantidad de pruebas y múltiples acusados vinculados a la investigación.

“Hay evidencia abundante” y también “muchos acusados” que están llegando “en olas”, indicó la jueza durante la sesión, según reportes de medios locales.

Caso involucra presunta protección al Cártel de Sinaloa

Gerardo Mérida es uno de los principales implicados en la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que investiga una presunta red de protección al Cártel de Sinaloa.

La investigación también involucra al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios señalados por supuestamente colaborar con integrantes de la organización criminal.

Según las autoridades estadounidenses, los acusados habrían conspirado con líderes del grupo criminal para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político.

Las acusaciones señalan presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, encabezada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Mérida se declaró inocente y enfrenta cadena perpetua

Mérida Sánchez, general retirado del Ejército mexicano, fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona y posteriormente trasladado a Nueva York para enfrentar los cargos.

Durante la audiencia fue visto bajo custodia federal, vestido con uniforme de recluso y encadenado de pies y manos.

El exfuncionario se declaró no culpable de los delitos de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

La jueza Katherine Polk estableció un plazo de 60 días para el procesamiento de la evidencia y fijó la próxima audiencia para el 4 de agosto, dentro del procedimiento que se desarrolla bajo la Ley de Juicio Rápido de Estados Unidos.