El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que no existen pruebas suficientes para sancionar a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presunto financiamiento ilegal al partido Morena entre 2015 y 2018.

La resolución se basa en la falta de elementos probatorios contundentes, a pesar de los videos difundidos en 2020 que mostraban la entrega de sobres con dinero.

En la sesión del Consejo General del INE, los representantes de los principales partidos políticos protagonizaron una acalorada discusión, intercambiando acusaciones sobre corrupción.

El caso de Pío López Obrador se convirtió nuevamente en un campo de batalla político, aunque la resolución final del órgano electoral no fue favorable para quienes buscaban una sanción.

La investigación del INE incluyó videos donde se observa a David León, entonces funcionario federal, entregando dinero a Pío López Obrador.

León incluso reconoció públicamente haber recolectado fondos entre conocidos para apoyar al “movimiento”, refiriéndose a las actividades de Morena antes de que obtuviera el poder en 2018.

Asimismo, el expresidente López Obrador aceptó que estos recursos se usaban para “gasolina, apoyo a organizadores, sonido y asambleas”.

Sin embargo, cuando el INE solicitó formalmente declaraciones, tanto David León como Pío López Obrador se negaron a colaborar, limitándose a remitir la resolución de la Fiscalía.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia, concluyó que los videos presentaban deficiencias técnicas que anulaban su valor probatorio: cortes de audio, falta de continuidad y baja calidad visual.

Además, determinó que los materiales habían sido editados, lo que impidió ejercer acción penal.

“Hay casos en que la realidad empírica no coincide con la realidad jurídica”, señaló el consejero electoral Jaime Rivera, quien lamentó que, pese a la percepción pública, legalmente no se puede actuar sin pruebas sólidas.

Durante la discusión, representantes del PRI y PAN acusaron al Gobierno federal de haber influido en la investigación para proteger a Pío López Obrador.

Marcela Guerra, del PRI, afirmó que “hay corrupción, impunidad y un uso indebido del poder”, al referirse a los hechos documentados en video.

Víctor Hugo Sondón, del PAN, sostuvo que los hechos eran públicos, reconocidos por sus protagonistas, y que el caso evidenciaba un trato desigual ante la ley: “¿Existe en México una familia presidencial intocable?”, cuestionó.

Por su parte, Morena defendió que la Fiscalía actuó con imparcialidad y que no se hallaron elementos jurídicos para proceder.

El representante Rafael Santiago calificó el caso como una “vendetta mediática” de la oposición, basada en “videos alterados”.

Los representantes morenistas también contraatacaron recordando los escándalos de corrupción vinculados al PAN y al PRI, como el llamado “Cártel Inmobiliario” y los sobornos a Ricardo Anaya durante la reforma energética, cuestionando la calidad moral de sus adversarios.

Finalmente, los consejeros del INE reprocharon la falta de cooperación de autoridades como la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que no entregaron la información solicitada para sustentar el expediente.

La resolución del INE, aunque definitiva en términos administrativos, deja abierta la polémica sobre la legalidad y legitimidad de los apoyos recibidos por Morena en su etapa de consolidación política.