El Gobierno de México confirmó este sábado que los dos agentes estadounidenses que murieron en un accidente en Chihuahua, presuntamente tras participar en un operativo contra el narcotráfico, no contaban con autorización para realizar actividades operativas en territorio nacional.
A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad —integrado por las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Relaciones Exteriores, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional— detalló que ambos extranjeros carecían de acreditación formal para intervenir en acciones de seguridad dentro del país.
Las autoridades expresaron además sus condolencias por la muerte de cuatro personas en el incidente ocurrido el pasado 19 de abril: dos agentes estatales y dos ciudadanos estadounidenses.
Sin autorización para operar en México
De acuerdo con la información oficial, uno de los estadounidenses ingresó a México como visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático.
El Gabinete de Seguridad subrayó que ninguno contaba con acreditación para participar en operativos, además de que ninguna institución federal tenía conocimiento de su presunta intervención en acciones contra el crimen organizado en Chihuahua.
“Ni el Gobierno de México ni las instituciones de seguridad tenían registro de que agentes extranjeros estuvieran operando en territorio nacional”, señaló el comunicado.
Ante esta situación, el Gobierno federal informó que ya realiza revisiones en coordinación con autoridades locales y con la Embajada de Estados Unidos en México para esclarecer los hechos.
Sheinbaum pide explicaciones y defiende soberanía
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no busca un conflicto con Estados Unidos, pero exigió claridad sobre las condiciones en las que presuntamente participaron los agentes extranjeros.
Advirtió que cualquier colaboración en materia de seguridad debe contar con autorización del Ejecutivo federal y que, de confirmarse una participación operativa sin aval, podría tratarse de una violación a la Constitución mexicana.
Asimismo, señaló que el Gobierno de Chihuahua habría solicitado apoyo sin informar a las instancias federales, lo que también está bajo revisión.
Por su parte, la gobernadora María Eugenia Campos anunció la creación de una unidad especial de investigación para esclarecer lo ocurrido, encabezada por la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, especialmente tras reportes de The Washington Post que apuntan a que los agentes fallecidos presuntamente pertenecían a la CIA y colaboraban con labores de inteligencia.
El Gobierno mexicano insistió en que la cooperación internacional debe basarse en intercambio de información, coordinación institucional y respeto absoluto a la soberanía nacional, sin permitir operaciones extranjeras dentro del país.