La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró este miércoles que iniciará una investigación para determinar si existen elementos probatorios que respalden las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El fiscal especial y vocero de la FGR, Ulises Lara López, subrayó que la legislación mexicana exige pruebas suficientes para proceder con una orden de aprehensión o una solicitud de extradición.

FGR condiciona extradición a pruebas suficientes

El funcionario explicó que, conforme al Tratado de Extradición bilateral, México solo concederá la extradición si se acredita que existen pruebas que infieran la probable responsabilidad de los señalados.

“La orden de aprehensión requiere datos de prueba que indiquen la posible comisión de un delito”, precisó.

Además, enfatizó que las solicitudes de detención provisional o extradición deben mantenerse bajo confidencialidad, criticando que la acusación haya sido difundida públicamente por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Caso involucra a funcionarios de Sinaloa y genera tensión bilateral

Las declaraciones de la FGR se producen tras la acusación formal de autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios por delitos de narcotráfico y posesión de armas, presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa y la facción conocida como “Los Chapitos”.

Entre los implicados figuran el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez.

La FGR también recordó que, en el caso de servidores públicos con fuero, como gobernadores o senadores, es necesario iniciar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal.

Tanto Rocha Moya como otros señalados han rechazado las acusaciones en su contra.