La Cámara de Diputados de México aprobó este martes, en lo general y en lo particular con modificaciones, el dictamen de la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El documento, derivado de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalado en lo particular con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, y será devuelto al Senado de la República para su revisión conforme a lo establecido en la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Cambios al artículo 128: de “interés público” a “disposiciones de orden público”

El Pleno aceptó la reserva presentada por Julio César Moreno Rivera (Morena), quien propuso sustituir el término “interés público” por “disposiciones de orden público” en la fracción III del artículo 128 de la Ley de Amparo. Además, se eliminó la fracción V de dicho artículo, que hacía referencia a los “daños de difícil reparación”.

Moreno Rivera explicó que el cambio busca eliminar conceptos ambiguos que podrían dar pie a interpretaciones discrecionales del juzgador para negar suspensiones bajo argumentos de “interés público”.

“Se trata de preservar el equilibrio entre el interés social y las disposiciones de orden público”, afirmó el legislador, quien argumentó que la redacción original se alejaba del espíritu histórico del amparo.

Mientras tanto, el diputado César Alejandro Domínguez (PRI) consideró que el ajuste es “cosmético” y no soluciona los problemas estructurales del sistema. Desde el PT, Lilia Aguilar Gil defendió que el cambio distingue entre valores colectivos del Estado y normas de carácter imperativo, mientras que César Damián Retes (PAN) criticó que la reforma “es insuficiente y no escucha a los especialistas”.

Ajustes en materia de suspensión

Otra reserva aceptada fue la presentada por Ricardo Monreal Ávila (Morena) y Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), quienes modificaron la fracción XVI del artículo 129 de la Ley de Amparo.
La nueva redacción permitirá continuar actividades o servicios que requieran permisos o concesiones federales válidos, siempre que no hayan sido revocados.

Mejía Berdeja explicó que la medida busca proteger derechos adquiridos de quienes ya cuentan con autorizaciones legítimas, diferenciando entre no tener un permiso y sufrir su revocación injustificada.

Desde la oposición, José Guillermo Anaya Llamas (PAN) calificó la reserva como un intento de “lavarse la cara” tras aprobar una reforma que, a su juicio, restringe derechos ciudadanos y amplía el poder gubernamental.
En contraste, Gabriela Jiménez Godoy (Morena) subrayó que la intención es no frenar actividades económicas o productivas cuando los permisos aún estén vigentes.

Modificación al artículo transitorio: sin retroactividad

El Pleno también avaló una reserva del diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) al artículo Tercero Transitorio, con el fin de precisar que la nueva legislación no tendrá aplicación retroactiva.
El texto final establece que los procesos en curso se regirán por las leyes vigentes al momento de su inicio, mientras que las actuaciones posteriores estarán sujetas a las nuevas disposiciones.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, defendió el cambio argumentando que busca reducir la saturación de juicios y recursos interpuestos por grandes despachos que defienden a empresarios morosos.

“Existen más de dos mil juicios de nulidad pendientes por más de 100 mil millones de pesos. Queremos que se pague lo justo al erario”, sostuvo Monreal.

Sin embargo, Paulina Rubio Fernández (PAN) y Federico Döring Casar (PAN) denunciaron que el transitorio abre la puerta a “traficar influencias” y vulnera el artículo 14 constitucional. Para Óscar Iván Brito Zapata (Morena), en cambio, la redacción garantiza que “ninguna ley se aplicará de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna”.

Contenido final del dictamen

Durante la discusión en lo particular, legisladores de todos los partidos presentaron propuestas adicionales que fueron retiradas o desechadas.
Así, quedaron firmes los artículos modificados de la Ley de Amparo (entre ellos los artículos 3, 25, 121 y 137), así como el artículo 124 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Con esta aprobación, la Cámara de Diputados da un paso más en la reforma del juicio de amparo, un instrumento clave en la defensa de los derechos humanos en México, y será el Senado quien determine su versión definitiva en los próximos días.