Una serie de denuncias por presuntos abusos laborales, despidos injustificados y posibles irregularidades administrativas surgieron al interior de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la gestión de Marx Arriaga, de acuerdo con el testimonio de una persona que laboró en dicha área.
La acusación fue difundida a través de una carta publicada en redes sociales y retomada por la investigadora Alma Maldonado, en la que se señalan prácticas que habrían afectado a trabajadores contratados bajo el esquema de honorarios durante los últimos años.
Según el documento, personal de la DGME habría sido víctima de acoso laboral, cambios abruptos en sus condiciones de trabajo y despidos sin justificación administrativa, en un contexto que describen como de control interno dentro de la dependencia educativa.
Señalan presunta red de cobros indebidos
En el testimonio también se menciona la existencia de una supuesta red de cobros indebidos hacia trabajadores contratados por honorarios, en la que, según el denunciante, se solicitaban aportaciones económicas bajo el argumento de cubrir necesidades operativas de la dirección.
Las acusaciones apuntan específicamente a funcionarios vinculados con el área de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, quienes presuntamente habrían solicitado depósitos a cuentas personales para fines no aclarados.
Asimismo, el denunciante aseguró que algunos empleados fueron removidos de sus espacios laborales mediante la intervención de personal de seguridad o privados temporalmente de sus equipos de trabajo, lo que calificó como medidas de presión dentro de la estructura administrativa.
Hasta ahora, no se ha informado de la apertura de investigaciones formales por parte de instancias internas de control, aunque el caso se da en un contexto de creciente debate sobre la conducción de la política educativa y el desarrollo de los nuevos libros de texto gratuitos impulsados en años recientes.
Marx Arriaga ha sido uno de los principales responsables en la coordinación de estos materiales educativos, que han generado tanto críticas como respaldo en diversos sectores académicos y políticos.
El documento difundido concluye con cuestionamientos sobre la gestión administrativa en la DGME y llama a esclarecer los señalamientos mediante mecanismos institucionales, en tanto se mantiene la incertidumbre sobre posibles cambios en la estructura de la SEP.