La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió este lunes que los gobiernos estatales instalen “con toda prioridad” unidades especializadas contra la extorsión dentro de sus fiscalías, ante el incremento de este delito y su impacto constante en la operación de las empresas.
“Desde la Coparmex sostenemos que la extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México”, advirtió Juan José Sierra, presidente del organismo, en un comunicado.
El líder empresarial señaló que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una presión continua que afecta decisiones de inversión, encarece la operación cotidiana y limita el crecimiento de las empresas. Coparmex representa a más de 36.000 compañías en todo el país.
Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la confederación alertó que la extorsión se expande sin señales de contención efectiva, aun cuando otros delitos muestran reducciones.
De acuerdo con esas cifras, al cierre de 2025 el número anual de víctimas de extorsión pasó de 6.223 a 11.081 respecto a 2015, un incremento de casi 78 % en una década, y el delito creció en 20 de los 32 estados del país durante el último año.
Coparmex detalló que cinco entidades —Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz— concentran 65,2 % de los casos registrados.
Asimismo, Sierra indicó que, según el indicador #MásSeguridad de #DataCoparmex, 46,8 % de las empresas fue víctima de al menos un delito, y la extorsión se ubicó como el segundo ilícito más frecuente. Del total de casos, 68,8 % ocurrió vía telefónica y 31,2 % se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que —afirmó— mina la confianza institucional.
En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que está por publicarse una reforma constitucional y, posteriormente, leyes secundarias para que la extorsión se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia.
La mandataria añadió que solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) información para identificar las ciudades donde el delito aumentó y reforzar acciones, además de que, cuando se reportan números usados para extorsión, se pide a las telefónicas darlos de baja.
Con información de EFE