El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó este lunes cargos criminales contra Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila Lizárraga, dos ejecutivos mexicanos residentes en Texas, por presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos millonarios entre 2019 y 2021.
De acuerdo con la acusación formal, los señalados habrían entregado sobornos por un valor aproximado de 150 mil dólares en efectivo, artículos de lujo de marcas como Louis Vuitton y Hublot, y otros beneficios, a tres funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).
El fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti explicó que estos pagos ilegales tenían como objetivo manipular procesos de licitación, garantizar la adjudicación de contratos y obtener ventajas indebidas en el mercado energético mexicano.
“Los acusados, ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos, presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y asegurar millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas. Esta acusación debe enviar un mensaje claro: la División Criminal no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, señaló Galeotti.
Contratos millonarios y presuntos vínculos criminales
Según el DOJ, los contratos obtenidos gracias a los sobornos sumaron alrededor de 2.5 millones de dólares y fueron adjudicados durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de Rovirosa, presidente de la empresa Roma Energy Holdings, las autoridades estadounidenses indicaron que mantiene presuntos vínculos con cárteles mexicanos, aunque no precisaron el alcance ni los detalles de esas conexiones.
Por su parte, Mario Alberto Ávila Lizárraga, exfuncionario de Pemex y excandidato del PAN a la gubernatura de Campeche, habría usado sus contactos internos para facilitar el acceso a licitaciones y favorecer a las empresas involucradas.
Violación a leyes anticorrupción
Los fiscales estadounidenses acusan a ambos de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una legislación que sanciona a ciudadanos y empresas que realicen pagos indebidos a funcionarios públicos extranjeros para obtener o retener negocios.
La acusación también señala que ambos son residentes permanentes legales en Estados Unidos, lo que podría agravar su situación judicial, ya que podrían enfrentar consecuencias tanto penales como migratorias en caso de ser hallados culpables.
El caso forma parte de un conjunto de investigaciones sobre corrupción transnacional que involucra a empresas energéticas, constructoras y proveedoras de servicios que operan con entidades estatales en Latinoamérica.