La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que su administración realiza un análisis integral para cuantificar las pérdidas económicas ocasionadas por el contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal.
Durante su conferencia matutina en Ciudad de México, Sheinbaum explicó que distintas dependencias y agencias federales están compartiendo información y bases de datos para tener un cálculo preciso sobre la magnitud del problema.
“Tenemos un grupo de trabajo que integra toda la información del Gobierno Federal: la cantidad de combustible que se importa, se vende y se produce. Así podremos tener una sola fuente de datos”, señaló.
Descarta daño por 600 mil millones de pesos
La mandataria federal rechazó la cifra de 600 mil millones de pesos —unos 32.750 millones de dólares— que la semana pasada mencionó la procuradora fiscal Grisel Galeano, al considerar que ese monto provino de una estimación realizada por un diputado, y no de datos oficiales.
“No existe un cálculo definitivo. Lo que sí tenemos confirmado son querellas por 16 mil millones de pesos”, aclaró Sheinbaum.
Añadió que el Gobierno espera contar, a finales de octubre, con información en tiempo real sobre la importación y venta de combustibles, lo que permitirá detectar posibles irregularidades o contrabando.
Coordinación interinstitucional
Sheinbaum explicó que el proyecto implica el cruce de datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Aduanas, con el fin de establecer la “trazabilidad de los combustibles”, algo que no existía en administraciones anteriores.
“A partir de esta información podremos saber si se vende más combustible del que se produce o importa. Si es así, evidentemente hay contrabando o falta de registro contable”, precisó.
Proceso judicial por contrabando
A inicios de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la apertura de un proceso judicial contra 10 marinos y funcionarios aduaneros por su presunta implicación en una red de contrabando de combustibles.
Según la FGR, los implicados permitieron la entrada de millones de litros al país simulando que eran aditivos, con el fin de venderlos de forma ilícita y evadir impuestos.
Entre los involucrados se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024).
Hacia una mayor transparencia energética
Sheinbaum destacó que el combate al huachicol fiscal forma parte de una estrategia más amplia de transparencia en el sector energético, cuyo objetivo es mejorar la recaudación y cerrar espacios a la corrupción.
“Estamos construyendo una nueva forma de controlar el flujo de combustibles en el país. Al final, la meta es garantizar que cada litro esté registrado y cada impuesto sea pagado”, concluyó.
Con información de EFE