El Senado de la República aprobó este miércoles el dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y lo envió a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

Con 76 votos a favor y 39 en contra en lo general, y 70 votos a favor y 39 en contra en lo particular, la mayoría oficialista de Morena y sus aliados lograron sacar adelante una iniciativa que busca modernizar el juicio de amparo mediante el uso de herramientas tecnológicas y reforzar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Modernización del juicio de amparo

La reforma establece el uso de tecnologías de la información para garantizar la realización de amparos en línea, bajo reglas uniformes que reconozcan la equivalencia entre expedientes electrónicos y físicos.

El dictamen avalado asegura el interés legítimo, tanto individual como colectivo, y mantiene la posibilidad de sancionar a servidores públicos que incumplan las sentencias de los órganos jurisdiccionales. Esto, luego de que la iniciativa original proponía que el pago de las sanciones fuera absorbido por el Estado o incluso por la sociedad.

Ajustes en materia fiscal

En el ámbito fiscal, la reforma define con mayor claridad las formas de garantía del interés fiscal que pueden constituir las personas para obtener la suspensión de juicios de amparo en casos de cobro de créditos fiscales firmes.

Asimismo, se incorporó un ajuste a la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en relación con el artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para armonizarlo con las reformas del paquete fiscal actualmente en revisión en la Cámara de Diputados.

Debate en el pleno: reservas y posturas encontradas

Durante la discusión en lo particular, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena) presentó una reserva al primer transitorio para precisar que los asuntos en trámite se resolverán con base en las disposiciones del nuevo decreto.

El legislador aclaró que la modificación no es retroactiva y no vulnera derechos adquiridos, sino que busca evitar que el amparo se utilice como un recurso para dilatar el cumplimiento de sentencias, especialmente en materia fiscal.

En contraste, la oposición cuestionó el dictamen. La senadora Verónica Rodríguez Hernández (PAN) afirmó que la reforma responde al interés de Morena por “dar más manos libres a la autoridad” y no a la ciudadanía.

Por su parte, la priista Carolina Viggiano Austria advirtió que las reformas pueden generar inseguridad jurídica, pues los ciudadanos podrían no tener claridad sobre las reglas vigentes bajo las cuales se resolverán sus casos.

La reserva de Morena fue aceptada, mientras que las de senadores del PAN y Movimiento Ciudadano fueron rechazadas en votación económica.

Contexto y próximos pasos

El dictamen aprobado será turnado ahora a la Cámara de Diputados, donde se discutirá como parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno federal.

La iniciativa se enmarca en un contexto de cambios profundos en el sistema judicial, en el que el oficialismo busca ajustar figuras procesales para agilizar la justicia y cerrar espacios a prácticas dilatorias.

No obstante, los críticos sostienen que se trata de un golpe a las garantías procesales, ya que los ciudadanos podrían tener menor capacidad de defensa frente a actos de autoridad, especialmente en casos fiscales.

Con información de EFE