La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió este viernes a la Corte Suprema para que revise la constitucionalidad de la orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que marca la segunda vez que solicita a los magistrados abordar este tema.

Al menos tres jueces federales han fallado en contra del intento del mandatario republicano para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas indocumentadas y de inmigrantes con visados temporales, lo que contradice la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que toda persona nacida en EE.UU. es considerada ciudadana.

En la apelación citada por la CNN, el Procurador General de EE.UU. D. John Sauer, considera que las decisiones de los tribunales inferiores sobre la orden ejecutiva firmada por Trump al segundo día de retornar al cargo “socavan” la seguridad fronteriza.

“Esas decisiones otorgan, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que no cumplen los requisitos”, subrayó Sauer, principal abogado de las apelaciones del Ejecutivo estadounidense.

Esta es la segunda vez que la Casa Blanca busca que los máximos jueces decidan sobre un tema relacionado con la ciudadanía, tras la victoria que obtuvo el mandatario en junio pasado sobre el tema.

Aunque la decisión del Supremo en esa ocasión sobre la orden ejecutiva no se refiere a los méritos del decreto en sí, sino que se circunscribe a la jurisdicción de los juzgados menores y a la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo, ésta sí representó un logro en los intentos de Trump por cambiar la interpretación de la Enmienda 14.

El mandatario ha insistido en que ese derecho recogido en la Constitución “tuvo que ver con los bebés de esclavos” y no con los hijos de los “miles de personas que están entrando en el país” debido a esta provisión constitucional.

En julio pasado, el Noveno Circuito de Apelaciones en California falló en contra de la orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento, cuya aplicación está en suspenso en todo el país mientras se revisan los casos.

La apelación presentada este viernes ante el Supremo se refiere al fallo de la corte de apelaciones californiana y de un fallo contrario de un juez de New Hampshire.

Autorizan a Trump congelar casi 5 mmdd en ayuda exterior

El Tribunal Supremo de EE.UU. autorizó este viernes al Gobierno del presidente Donald Trump a que mantenga congelados unos 4 mil 900 millones de dólares en ayuda exterior mientras el Congreso debate los recortes en partidas para cooperación.

El fallo supone una importante victoria para la Administración del presidente neoyorquino en lo referente a su objetivo de recortar los presupuestos federales después de que una corte de menor instancia revocara la congelación de estos fondos al considerar que el mandatario había usurpado los poderes del legislativo.

En su breve fallo, algo típico al tratarse de una demanda por vía urgente del Gobierno, la mayoría conservadora de seis magistrados del tribunal determinó que la capacidad de Trump para gestionar las relaciones exteriores compensa “con creces el posible perjuicio” que sufrirían los destinatarios de las partidas, aunque recordó que su decisión tiene validez provisional hasta que legislativo y tribunales inferiores diriman el asunto.

Las tres juezas liberales de la corte votaron en contra y aseguraron que el asunto requiere de un profundo debate ya que está en juego “la distribución de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en lo que respecta al gasto público”, según el escrito de disconformidad firmado por la magistrada Elena Kagan.

El pasado 28 de agosto el presidente notificó que dejaría sin gastar unos 4 mil 900 millones de dólares de una partida de 11 mil 500 millones aprobada por el Congreso para ayuda exterior.

Lo hizo empleando una figura denominada “rescisión de bolsillo”, que consiste en la readjudicación de partidas en vísperas de que concluya el año fiscal -algo que sucede cada 30 de septiembre en EE.UU.-, lo que hace que su implementación caduque al carecer las cámaras de tiempo para dar su visto bueno.

A principio de septiembre, tras la denuncia de distintos grupos de cooperación, un juez federal del Distrito de Columbia determinó que la acción era ilegal y ordenó al Gobierno desembolsar los 11 mil 500 millones de dólares antes del 30 de septiembre, a lo que el Gobierno Trump respondió insistiendo en que dejaría esos 4 mil 900 millones sin gastar y que apelaría.

El 6 de septiembre una corte de apelación federal rechazó la solicitud del Gobierno para anular la orden, por lo que dos días después el Ejecutivo solicitó al Tribunal Supremo que la suspendiera.

Es la tercera vez que el máximo tribunal estadounidense permite a Trump congelar, al menos de manera temporal, partidas federales, ya que le ha permitido cancelar unos 800 millones de dólares en ayuda para los Institutos Nacionales de Salud y otros 65 millones en subvenciones para la formación de profesorado.

Diferentes ONGs y entidades en el terreno de la cooperación han advertido de los graves efectos humanitarios que el recorte de ayuda exterior de EE.UU. puede tener en países en desarrollo.

Con información de EFE