El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este miércoles una acusación formal sustitutiva contra 26 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, quienes enfrentan cargos por narcoterrorismo, apoyo material a una organización terrorista extranjera y tráfico masivo de drogas hacia el sur de Illinois.
De acuerdo con el expediente judicial, la red criminal habría introducido cientos de kilogramos de fentanilo, metanfetamina y cocaína al medio oeste estadounidense, además de operar un esquema millonario de lavado de dinero para retornar las ganancias ilícitas a México.
La fiscal general Pamela Bondi señaló que la organización criminal utiliza el narcotráfico como herramienta de terrorismo.
“El Cártel de Sinaloa se vale del narcotráfico para financiar su terrorismo contra el pueblo estadounidense, mientras siembra veneno en nuestras comunidades”, afirmó Bondi, quien aseguró que la acusación “golpea la infraestructura de esta organización terrorista” en línea con la política de la administración del presidente Donald Trump.
Un cártel bajo la lupa del terrorismo
El Cártel de Sinaloa fue designado como Organización Terrorista Extranjera (OTE) por el gobierno de Trump, lo que endurece las sanciones y permite procesar a sus integrantes bajo cargos de apoyo material a terrorismo.
Según la acusación, la organización transnacional ha recurrido sistemáticamente a la violencia, la tortura y los asesinatos para consolidar su poder territorial en México y expandir sus operaciones en Estados Unidos.
El fiscal federal Steven D. Weinhoeft, del Distrito Sur de Illinois, explicó que la acusación se dirige contra “algunos de los líderes más importantes de Sinaloa”.
“Nuestro compromiso es utilizar todas las herramientas posibles para aplastar a este cártel, desmantelar sus operaciones y proteger a nuestras comunidades del narcoterrorismo”, puntualizó.
Operación multianual con resultados contundentes
La acusación se deriva de una investigación de varios años encabezada por la DEA, en colaboración con el IRS, Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio Postal de EE.UU. Durante los operativos, las autoridades incautaron más de 400 kilos de fentanilo, 80 de metanfetamina y 50 de cocaína, además de desmantelar una red de lavado de dinero que utilizaba bancos estadounidenses para transferir millones de dólares hacia México.
En el transcurso de una semana, agentes federales arrestaron a 15 de los señalados en distintos puntos del país. El administrador de la DEA, Terrance Cole, destacó la magnitud del golpe:
“No se trata de una operación callejera. Es una red de tráfico a gran escala que inundó al medio oeste con drogas letales. Continuamos la lucha para destruir al Cártel de Sinaloa con todos los recursos del gobierno”.
Cronología de la conspiración
Según documentos judiciales, la conducta criminal ocurrió entre enero de 2020 y julio de 2025. La conspiración habría distribuido al menos 50 gramos de metanfetamina, 400 gramos de fentanilo y más de cinco kilos de cocaína, lo que eleva las penas potenciales a décadas de prisión o incluso cadena perpetua para los acusados.
El caso se enmarca dentro de la Operación “Recuperemos América”, un programa nacional que combina recursos de agencias federales y estatales para combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el terrorismo vinculado a drogas.
Los fiscales federales Karelia Rajagopal, Laura Reppert y Thomas Leggans llevan el caso en la corte del Distrito Sur de Illinois.
En marzo de 2023, una acusación inicial ya había señalado a Earl Frank y otros 10 individuos por conspiración de narcotráfico, lo que derivó en la ampliación de cargos contra la red vinculada directamente al Cártel de Sinaloa.
Con esta acusación, el gobierno estadounidense refuerza su postura de que el narcotráfico mexicano no es solo un delito de salud pública, sino también una amenaza de seguridad nacional con características de terrorismo.