El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) ordenó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecer disculpas públicas a la gobernadora morenista Layda Sansores San Román, al considerar que expresiones emitidas en un programa de análisis constituyeron violencia política en razón de género.
En videos difundidos en la plataforma La Barra Noticias, los comunicadores acataron la sentencia y expresaron:
“Se ofrece una disculpa a la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche, porque las expresiones que emití en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.
Confirman sentencia y exigen acatamiento
Aunque los periodistas impugnaron la resolución, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con sede en Xalapa, confirmó el fallo del TEEC. Con ello, quedó firme la orden de emitir las disculpas, las cuales se realizaron públicamente a través de las redes sociales del programa.
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Este caso se enmarca en una serie de medidas legales que, de acuerdo con comunicadores locales, buscan limitar los señalamientos críticos hacia Sansores. El 1 de agosto, una juez ordenó al reportero Jorge González Valdez y al periódico Tribuna abstenerse de hacer cualquier referencia a la mandataria.
La instrucción incluyó la designación de un “censor judicial” que revisa y aprueba previamente todo el contenido del medio antes de su publicación. Esta figura recayó en un interventor del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, encargado de validar —o rechazar— cualquier material que mencione a la gobernadora.
Medidas inéditas contra un medio digital en Campeche
La imposición de un interventor para un medio de comunicación es inusual en el país. Habitualmente, esta figura se aplica a instituciones financieras involucradas en investigaciones o en procesos mercantiles, no a plataformas periodísticas.
Bajo esta medida cautelar, Tribuna no puede publicar en su sitio web ni en redes sociales sin aprobación previa. La jueza Edelmira Cervera, del Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, ratificó la disposición el 15 de julio, otorgando 48 horas al medio para entregar datos de sus redes y someter su contenido a revisión.
Asimismo, se mantuvo la prohibición para que el periodista Jorge Luis González Valdez mencione a Layda Sansores en cualquier publicación o comentario. La mandataria denunció al medio por “incitación al odio”, lo que derivó en las restricciones actuales.
Periodistas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión han advertido que estas resoluciones sientan un precedente preocupante en el ejercicio periodístico en Campeche, al imponer un control judicial previo sobre la información.