El Gobierno de Estados Unidos sancionó este martes a 21 personas y 25 entidades vinculadas, según el Departamento del Tesoro, con el liderazgo, operación y redes financieras del Cártel de Sinaloa, incluida una estructura que opera en Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó entre los sancionados a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, a quien identifica como líder de Los Mayos, además de integrantes de su círculo cercano, operadores asentados en Tijuana, presuntos lavadores de dinero y funcionarios o exfuncionarios mexicanos señalados por las autoridades estadounidenses como facilitadores de la organización.
La acción también alcanzó a Carlos Torres Torres, exdiputado federal y local y exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. El Tesoro estadounidense lo señala como parte de una red de protección vinculada al Cártel de Sinaloa.
OFAC señala una red de operadores en Baja California
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las sanciones buscan afectar la capacidad de Los Mayos para mantener el control de plazas fronterizas en Baja California y cortar las redes financieras que, según Estados Unidos, permiten sus operaciones.
OFAC sostiene que “Mayito Flaco” asumió el liderazgo de Los Mayos después de la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024. El Gobierno estadounidense afirma que actualmente dirige las actividades criminales de esa facción, entre ellas tráfico de drogas, homicidios, extorsión, corrupción y secuestro.
Entre los objetivos de la medida también aparecen Alfonso Arzate García, “El Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, a quienes las autoridades estadounidenses identifican como operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana.
El Departamento del Tesoro señaló además a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal y exasesor legislativo, y a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, dentro de la red que Washington relaciona con corrupción y protección al grupo criminal.
Las designaciones de OFAC implican restricciones financieras dentro de la jurisdicción estadounidense y el bloqueo de los bienes e intereses en propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses.
Carlos Torres niega vínculos con el crimen organizado
Tras conocerse la sanción, Carlos Torres negó tener relación con organizaciones o actividades criminales y anunció que buscará aclarar ante las autoridades estadounidenses los señalamientos que llevaron a su inclusión en la lista de OFAC.
Torres afirmó que las acusaciones se originaron en denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República en 2025 y sostuvo que no ha sido citado para comparecer y defenderse de los señalamientos.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar se deslindó de las acusaciones contra su exesposo y dijo desconocer todos los elementos considerados por las autoridades estadounidenses.
“Ni el gobierno ni una servidora vamos a ser voceros de esas circunstancias”, declaró ante medios, al tiempo que sostuvo que su administración ha combatido a los grupos de delincuencia organizada.
Marina del Pilar no aparece entre las personas sancionadas por OFAC. La medida estadounidense está dirigida contra las personas y entidades incluidas expresamente en la designación del Departamento del Tesoro.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra una presunta red vinculada al Cártel de Sinaloa y Los Mayos no afectan al gobierno estatal pic.twitter.com/uNFyEHwnDx
— José Ibarra (@JoseibarraBC) September 29, 2026
La acción ocurre en medio de la disputa entre Los Mayos y Los Chapitos que se intensificó después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024. Estados Unidos sostiene que esa pugna ha provocado violencia en Sinaloa y otros estados mexicanos.
Además de las sanciones financieras, el Departamento de Estado mantiene recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de algunos de los principales operadores buscados de la estructura delictiva en Baja California.