El abogado del cantante español Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo de las diligencias preprocesales, declaradas secretas, en las que se investiga una denuncia por un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, al considerar que ha causado un “grave daño reputacional” al artista.
En un escrito de 15 páginas, al que tuvo acceso EFE, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, argumentó que los tribunales españoles “carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado”.
El letrado justificó su postura al señalar que las denunciantes no son de nacionalidad española ni son menores de edad, y que Iglesias tiene residencia habitual en República Dominicana, donde supuestamente ocurrieron los hechos.
A juicio de Choclán, la denuncia debió presentarse en República Dominicana, por lo que la Fiscalía “debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados”, archivar de forma inmediata las diligencias y detener la campaña mediática, debido al daño reputacional generado.
“Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión”, señaló el abogado, quien apuntó que la organización Women’s Link, que presentó la denuncia en nombre de las víctimas, “ha publicado que se ha elegido España para asegurarse una mayor eficacia en la investigación”.
Choclán sostuvo que no corresponde que la Fiscalía española se atribuya el papel de “Fiscal Universal”, ni que se otorgue a la víctima un derecho de opción sobre la jurisdicción que le resulte más conveniente.
El abogado también pidió que se le permita personarse en la investigación para acceder directamente al contenido de la denuncia y ejercer la defensa, incluyendo las diligencias que pudieran practicarse, como la eventual declaración de las denunciantes.
Según indicó, esto permitiría acreditar “la falsedad de las imputaciones” y defender el honor del cantante frente “al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas” que, afirmó, lo conducen a una “irremediable pena natural, al margen del proceso”.
Choclán lamentó que su cliente se entere de los hechos atribuidos mediante información difundida en medios de comunicación, que se han hecho eco de una investigación publicada por elDiario.es y el canal estadounidense Univisión, lo que, dijo, ha provocado un “perjuicio reputacional”.
También señaló que no se puede invocar la reserva de información para proteger a una supuesta víctima, ya que, según argumentó, las denunciantes han participado “voluntariamente en la difusión pública de la denuncia”, por lo que “cualquier pretensión de protección, frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer”.
Las denunciantes, una exempleada del hogar y una fisioterapeuta, aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para respaldar sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
Las acusaciones han sido negadas por Julio Iglesias, quien publicó un comunicado en su perfil de Instagram en el que aseguró que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.
Con información de EFE