El izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzgó a Castillo consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado de 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.
El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.
Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel, donde permanece hasta ahora.
La sala absolvió a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años, además del pago de una indemnización de 12 millones de soles (3,5 millones de dólares) en forma solidaria con sus coacusados.
A partir de este fallo, el exgobernante deberá permanecer en Barbadillo, conocida como la cárcel para expresidentes de Perú, hasta abril de 2034.
Atentado al orden constitucional
Para los jueces, el expresidente y sus colaboradores conspiraron para atentar contra los poderes del Estado y el orden democrático y que, en el momento de su detención, pese a no haber sido todavía oficialmente destituido por el Congreso, era un presidente “de facto” tras su pronunciamiento.
La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel recayó sobre la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada actualmente en la residencia de la Embajada de México en Lima, y para la que el tribunal ordenó una nueva búsqueda y captura contra ella; y sobre el exministro del Interior Willy Huerta.
Sin embargo, la sentencia contra Huerta, que según testigos dio órdenes para concretar las medidas inconstitucionales anunciadas por Castillo, será suspendida hasta la segunda instancia en caso de que apele y siga una serie de normas de comportamiento.
Mientras, el ex primer ministro y jefe de asesores de Castillo en el momento de los hechos, Aníbal Torres, recibió una condena de seis años y ocho meses de cárcel que el tribunal dejó sin aplicar por razones humanitarias debido a su avanzada edad (82 años).
Por su parte, los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero fueron absueltos de los cargos.
Castillo buscaba ser senador
Los magistrados consideraron comprobado que Castillo, Chávez y Torres redactaron el mensaje en la noche anterior en el Palacio de Gobierno y que eran conocedores de lo que sucedería al día siguiente cuando citaron al resto de ministro a la sede presidencial y a un equipo del canal estatal TV Perú para hacer la transmisión, al que ocultaron el verdadero propósito de su convocatoria.
El tribunal emitió esta sentencia pocos días antes de que se vencieran los tres años de prisión preventiva que se habían dictado contra Castillo cuando fue detenido el mismo día de los hechos, por lo que debía salir en libertad si antes no se anunciaba el fallo.
En las semanas previas a la sentencia, Castillo anunció su intención de ser candidato a senador por parte del partido Juntos por el Perú (JP), de su exministro Roberto Sánchez, cuyos seguidores llegaron a los exteriores del cuartel policial donde se ubica la prisión de Barbadillo para protestar contra la sentencia y reclamar la libertad del expresidente.
Ex primera ministra peruana asilada por México es condenada a 11 años y 5 meses de prisión
Betssy Chávez, la ex primera ministra de Perú asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, fue condenada este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado protagonizado el 7 de diciembre de 2022 por el izquierdista expresidente Pedro Castillo, que recibió la misma pena.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró a Chávez como coautora del delito de conspiración para rebelión junto a Castillo y al ex primer ministro y entonces jefe del gabinete de asesores del presidente, Aníbal Torres.
El tribunal también emitió una nueva orden de búsqueda y captura de Chávez, que permanece en la sede diplomática sin que el Gobierno de transición de Perú, con el presidente interino José Jerí al mando, haya concedido el salvoconducto para que pueda viajar a México.
Chávez también recibió dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la obligación de pagar junto a los demás implicados una indemnización al Estado de 12 millones de soles (unos 3,5 millones de dólares).
“Los acusados hicieron un acuerdo para atentar contra el orden constitucional y se organizaron para cumplir un rol a fin de materializar el contenido del mensaje a la nación”, indicó el fallo.
Por tanto, según el tribunal, Chávez sabía el contenido del mensaje y, aun así, coordinó el ingreso “irregular” de periodistas del canal estatal TV Perú para la retransmisión en vivo del mismo, a quienes ocultó el motivo de la convocatoria.
En este sentido, destacó que decidió junto a Castillo que no entraran al despacho más ministros, lo que muestra “su rol de organización” de la ruptura del orden constitucional, y al terminar la transmisión dio un largo abrazo a Castillo para, justo después, tratar de emitir un decreto en el que se materializarían las medidas inconstitucionales.
Además, quedó probado que la política y abogada izquierdista protagonizó un intento de huida a la Embajada de México después de presentar su dimisión el mismo 7 de diciembre, pero durante el trayecto a la sede diplomática ordenó al conductor cambiar la ruta e ir a su despacho en el Congreso.
Por tanto, Chávez, que se encuentra asilada desde el 3 de noviembre a la espera de que Perú emita un salvoconducto para poder viajar a México, recibió menos de la mitad de la pena que originalmente pedía la Fiscalía de 25 años de cárcel, pues durante el juicio reconoció que no había elementos para sostener el delito de rebelión y cambió su acusación por conspiración para rebelión.