A cuatro días de los enfrentamientos ocurridos durante la marcha convocada por la llamada ‘Generación Z’, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, y la fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, acudieron este miércoles a Palacio Nacional para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ambos funcionarios llegaron al recinto presidencial alrededor de las 9:40 horas, en medio de la polémica por los hechos violentos registrados el pasado sábado en el Zócalo capitalino, donde un grupo de encapuchados derribó las vallas metálicas instaladas frente a Palacio Nacional, lo que desató enfrentamientos con elementos de seguridad.
Sheinbaum pide investigar posibles abusos policiales
El lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) revisar si hubo abusos por parte de los policías durante los disturbios.
“La Policía tiene que revisar a la propia Policía si es que hubo algún abuso. Y si alguien abusó, pues se tiene que investigar”, señaló.
Sheinbaum enfatizó que los elementos antidisturbios de la Ciudad de México no portaban armas ni toletes, únicamente escudos.
“Si alguien hizo uso de la fuerza, se tiene que investigar”, reiteró.
La mandataria también subrayó que la revisión interna debe realizarse independientemente de la violencia ejercida por el grupo que atacó a los uniformados.
“La Policía tiene sus propios mecanismos, entonces hay que revisar eso también porque iban contra ellos, y ellos sólo tienen sus escudos”, explicó.
Fiscalía y SSC deberán esclarecer hechos
Sheinbaum insistió en que tanto la SSC como la Fiscalía capitalina deben esclarecer dos aspectos: el actuar de los policías y la identidad del grupo que agredió a los elementos.
“Si se comete algún abuso, que se sancione; pero no queremos tampoco que los policías sean golpeados, y menos con esta violencia. Los policías son padres y madres de familia”, afirmó.
La marcha y los disturbios
El pasado 15 de noviembre, miles de ciudadanos participaron en una manifestación convocada bajo la etiqueta de la ‘Generación Z’, con el objetivo de protestar contra la violencia, la inseguridad y la impunidad.
La marcha avanzó del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino y transcurrió de manera pacífica hasta que un contingente encapuchado derribó las vallas metálicas instaladas frente a Palacio Nacional.
Este acto detonó la intervención de cientos de elementos de seguridad apostados en la zona, lo que derivó en enfrentamientos, uso de gases irritantes y equipos antidisturbios.
El saldo oficial fue de 100 policías heridos y alrededor de 20 personas detenidas, principalmente por agresiones y daños. También se reportaron civiles lesionados.
El reto: garantizar el derecho a manifestarse sin violencia
Los hechos han reabierto el debate sobre el uso de la fuerza pública en manifestaciones y la responsabilidad de los grupos que recurren a la violencia. Mientras el Gobierno federal insiste en que se debe garantizar el derecho a la protesta pacífica, también advierte que no permitirá agresiones contra los cuerpos de seguridad.
La reunión en Palacio Nacional busca definir las acciones para esclarecer los hechos y evitar que se repitan episodios similares en futuras movilizaciones.